El economista y miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Ariel Jiménez, manifestó su desacuerdo con la Ley 30-26, conocida como ley anticrisis, argumentando que sus disposiciones no favorecen a la clase media. Además, señaló que los precios actuales de los combustibles en el país no reflejan el valor real del petróleo a nivel mundial, proponiendo la creación de un fondo para estabilizar sus costos.
Juan Ariel Jiménez, economista y líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), criticó la Ley 30-26, llamada ley anticrisis, este martes. Él considera que las medidas contenidas en dicha legislación no cumplen con el propósito de proteger a la clase media. Adicionalmente, el exministro de Economía, Planificación y Desarrollo indicó que actualmente los ciudadanos dominicanos pagan los carburantes como si el costo global del crudo se ubicara entre noventa y cien dólares por barril. “No entiendo cómo ayuda a la clase media tener una gasolina más costosa de lo habitual. Tampoco comprendo cómo beneficia a la clase media incrementar el cobro o la retención que se les aplica a los proveedores informales”, expresó el economista durante una entrevista en el programa El Día.
Jiménez también cuestionó el aumento de los impuestos a las transferencias bancarias y afirmó que las disposiciones incluidas en la ley no benefician a los grupos más vulnerables, a pesar de que ese fue uno de los objetivos planteados por el Gobierno.
Como alternativa, el dirigente peledeísta destacó su propuesta sobre la creación de un Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, con el fin de disminuir el impacto de las fluctuaciones del mercado internacional sobre los consumidores. Explicó que el sistema consistiría en proyectar un precio de referencia del petróleo de acuerdo con las condiciones del mercado. Cuando el costo internacional superara ese nivel, el fondo serviría para mantener los precios internos; cuando el crudo bajara, los recursos volverían a alimentarlo, evitando trasladar variaciones bruscas al consumidor final.
Jiménez afirmó que este esquema ya se aplica en naciones como China, Colombia y Uruguay, y consideró que su implementación permitiría gestionar con mayor transparencia la política de fijación de los precios de los combustibles. Según su criterio, un modelo de esta naturaleza ofrecería mayor previsibilidad tanto para los consumidores como para el Estado, al reducir el impacto de las variaciones del petróleo en los mercados globales.
