La comunidad haitiana en EE. UU. expresa temor ante la posible finalización del Estatus de Protección Temporal

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Miles de ciudadanos haitianos en Estados Unidos enfrentan una profunda preocupación por la inminente caducidad del Estatus de Protección Temporal (TPS), que podría dejarlos sin permisos de trabajo y vulnerables a la deportación. Esta situación afecta a aproximadamente 330,000 personas, con una concentración significativa en Florida, y ha generado un fuerte sentimiento de desolación entre quienes han contribuido al país durante décadas. La incertidumbre legal y emocional prevalece mientras esperan una resolución sobre la extensión del programa.

Numerosos individuos de origen haitiano en Estados Unidos viven con la inquietud provocada por el próximo vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio que les concede la autorización para residir y trabajar de manera legal en la nación. La potencial cancelación de este esquema dejaría a cerca de 330,000 receptores, incluyendo 158,000 residentes en el estado de Florida, expuestos a la pérdida de sus permisos de empleo y a enfrentar procesos de expulsión. Ante este panorama, miembros de la comunidad haitiana en Miami manifestaron su preocupación y señalaron que Estados Unidos ha olvidado la contribución que han aportado al país a lo largo de varias décadas. “Ellos olvidan lo que hicimos por ellos. Tuvimos un papel crucial en la vida de Estados Unidos. Es cruel, lo que está sucediendo es inaceptable, es inhumano. No es propio de Estados Unidos”, declaró a EFE Carline Paul, conocida como Teacher Carline, desde el Centro Cultural de la Pequeña Haití en Miami. Carline llegó a Estados Unidos a la edad de 10 años, ha vivido más de cincuenta años en Florida y actualmente tiene nietos amparados por el TPS.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) estableció el 24 de julio como la fecha de término del TPS para los haitianos, después de que la Corte Suprema autorizara a la Administración del presidente Donald Trump a poner fin a dicha protección migratoria. No obstante, abogados y organizaciones en defensa de los migrantes indican que la decisión todavía depende del resultado de un procedimiento judicial en un tribunal de distrito, por lo cual miles de beneficiarios permanecen en una situación legal incierta.

“La gente tiene miedo”

Lilly, una organizadora comunitaria que prefirió no revelar su apellido, aseguró que la incertidumbre ha impactado profundamente la salud emocional de muchas familias haitianas. “Vivir con ese temor causa mucho daño, provoca daño mental, emocional”, expresó. Comentó que muchas personas ya no pueden conciliar el sueño por el miedo a ser detenidas y deportadas, mientras ella misma afirma despertarse en la madrugada imaginando que será arrestada sin haber cometido delito alguno.

Esperan una decisión del Congreso

La comunidad mantiene la expectativa de que el Congreso apruebe una prórroga del programa. En abril, la Cámara de Representantes dio su aprobación a un proyecto de ley para extender el TPS hasta abril de 2029, aunque la propuesta sigue pendiente de discusión en el Senado. “Tengo esperanza porque lucho y no voy a dejar de luchar. Donde existe la voluntad, hay una solución”, afirmó Carline.

Un impacto que va más allá de las familias

Según la organización FWD.us, los haitianos beneficiarios del TPS contribuyen con 2,600 millones de dólares anualmente a la economía de Florida, de los cuales 1,500 millones corresponden al área metropolitana de Miami. Muchos trabajan en sectores esenciales como la atención médica, el cuidado de personas mayores, la construcción y la industria hotelera. Para Lilly, el fin del TPS representa el momento más complicado que ha enfrentado la comunidad desde la creación del programa en 2010, tras el devastador terremoto que asoló Haití. Mientras tanto, la situación en la nación caribeña sigue empeorando. Conforme a Human Rights Watch, entre enero de 2025 y marzo de 2026 se registraron más de 8,200 homicidios, en medio de una de las peores crisis humanitarias de su historia reciente. “Detrás de las leyes y las políticas hay individuos reales, familias auténticas. Somos seres humanos y tenemos derecho a vivir con dignidad”, concluyó Lilly.