Tras la presentación de la propuesta gubernamental de un plan anticrisis, que incluye amnistía tributaria y programas sociales, economistas sugieren una revisión y consenso con los actores productivos. Aunque algunas medidas son favorables, los expertos advierten que el mayor impacto podría recaer en la clase media y los sectores de menores ingresos, subrayando la necesidad de un análisis cuidadoso.
Luego de que el Gobierno presentara una propuesta con diversas iniciativas como parte de su estrategia anticrisis, que incluye una amnistía fiscal, el mantenimiento de ayudas para poblaciones vulnerables, la supresión de pagos adelantados para micro y pequeñas empresas y el incremento de las exenciones por gastos en educación, varios economistas señalaron este jueves que, si bien el Estado debe afrontar los efectos de la crisis global, las acciones planteadas requieren ser revisadas y acordadas con los sectores productivos. Especialistas como Edita Rodríguez, Ramón Martínez e Iván Rodríguez estimaron que, a pesar de que la propuesta contiene decisiones potencialmente beneficiosas, la carga más significativa recaería sobre la clase media y los segmentos de ingresos más bajos. Estas disposiciones fueron detalladas en una conferencia de prensa en el Ministerio de Hacienda y Economía, liderada por su titular, Magín Díaz, quien explicó el alcance del proyecto de ley, cuyo objetivo es recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos adicionales en ingresos como respuesta a la presión que la situación internacional ejerce sobre el país.
Para la economista Edita Rodríguez, el plan de contingencia anunciado por el Gobierno debe tomarse "con cautela", ya que considera que forma parte de las acciones que las autoridades deben emprender en circunstancias como estas. En este sentido, valoró positivamente "la eliminación del pago anticipado para las pequeñas empresas", aunque manifestó reservas respecto a "un aumento del impuesto sobre la renta para las grandes corporaciones". "Creemos que la implementación de este esquema tendrá que pasar, ineludiblemente, por un debate previo y un acuerdo con los sectores productivos, porque la verdad es que el origen de esta situación, que es la crisis mundial, solo sabemos cómo comenzó, pero no cuándo terminará. Por lo tanto, entendemos que el Gobierno debe actuar, pero su ejecución necesariamente debe contar con un amplio consenso", expresó la candidata a decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Por su parte, el licenciado Ramón Martínez instó a revisar aquellas disposiciones que, a su parecer, podrían contradecir o alterar lo establecido en la Ley 11-92, que fundamenta el Código Tributario de la República Dominicana. "Deben examinarlas y evitar que perjudiquen a quienes realmente sostienen la economía, que lamentablemente es la clase media. Hasta ahí, creo que sí. Esas medidas tienen que ser evaluadas por el Gobierno y por los demás actores económicos para determinar si realmente son convenientes", manifestó.
En contraste, el economista Iván Rodríguez consideró que el Gobierno está obligado a efectuar los ajustes propuestos, debido a las presiones económicas derivadas del contexto internacional y a la necesidad de mantener los programas sociales. "El Gobierno está llamado a realizar dichos ajustes, porque en este momento tiene numerosos programas sociales. Además, hay que comprender que existe un conflicto global entre Irán y Estados Unidos. Los precios del petróleo han subido considerablemente y eso lo hemos notado en nuestros bolsillos", afirmó. Respecto a mantener el pago anticipado para las grandes empresas, sostuvo que la medida podría justificarse por las necesidades de recaudación del Estado. "Entiendo que sí, porque el Estado necesita obtener recursos y no recurrir a tantos préstamos. Es algo inevitable", señaló.
Sobre algunas de las disposiciones, Martínez opinó que, desde una perspectiva práctica, contable y fiscal, el gravamen del 0.15 % sobre las transacciones y los cheques debe ser objeto de revisión. Asimismo, calificó positivamente la propuesta de examinar y reducir el pago adelantado aplicado a las micro y pequeñas empresas, al considerar que constituye una iniciativa favorable para ese segmento productivo.
En cuanto a la propuesta de suprimir o revisar el pago anticipado para las pequeñas empresas, Rodríguez expresó su apoyo a la medida, al entender que contribuiría a dinamizar la economía y a estimular la creación de puestos de trabajo. Igualmente, consideró que un posible aumento en las transacciones bancarias tendría un impacto mayor sobre la clase media que sobre los sectores de ingresos más bajos.
La experta Edita Rodríguez también puso en duda si la propuesta gubernamental fue discutida previamente con los diferentes gremios y asociaciones nacionales. "Porque cuando también se habla de desmantelamiento de subsidios, sabemos perfectamente de qué se está hablando y a quién se va a perjudicar, sobre todo a la clase media y a los más desfavorecidos", aseveró. Rodríguez indicó que espera que este plan anticrisis obtenga mejores resultados que los anteriores. Asimismo, recordó que "esta es la octava ocasión en que se anuncia un conjunto de medidas de austeridad y planes similares, y hasta ahora no hemos visto ningún resultado ni una evaluación de los efectos que tuvieron las disposiciones previas"
