El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha dictaminado que los implicados en el caso Coral deben pagar al Estado dominicano una indemnización de RD$5,000 millones. Esta decisión histórica surge del reconocimiento de los perjuicios civiles, reputacionales y morales causados por actos de corrupción en el CUSEP y CESTUR, marcando un precedente en la lucha contra la corrupción militar.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha ordenado una compensación de RD$5,000 millones en beneficio del Estado dominicano. Esta medida se toma al confirmar que las acciones corruptas perpetradas por altos oficiales militares dentro del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) generaron daños civiles, de imagen y morales para la nación, los cuales deben ser reparados. Inicialmente, el Ministerio Público había solicitado una indemnización formal de 20,974 millones de pesos por los supuestos daños y perjuicios ocasionados por la presunta red.
La sentencia, que impone 20 años de prisión a los exdirectores del CUSEP y del CESTUR, Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, junto con otros 27 acusados, establece un antecedente importante al validar el daño sufrido por el Estado. “Esta decisión es notable, ejemplar y, sobre todo, un hito”, comentó José Alberto Ortiz, miembro del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), subrayando que es la primera vez que una cúpula militar en activo es sentenciada por tribunales dominicanos por hechos cometidos durante el ejercicio de funciones públicas.
Ortiz, acompañado por Rafael Rivas, uno de los coordinadores del ERPP, y el abogado Alberto Caamaño, elogió la determinación de las juezas del Primer Tribunal Colegiado, afirmando que representa “la compensación más cuantiosa otorgada a una víctima en un caso de corrupción pública”. Esta resolución, cuya lectura completa está prevista para el 14 de agosto, constituye un avance significativo en la materia de corrupción administrativa al reconocer al Estado dominicano como la parte directamente afectada por graves pérdidas patrimoniales, institucionales y morales.
“Admitieron que la República Dominicana sufrió un menoscabo en su reputación, reconocieron el daño que padeció la institución de la presidencia de la República, admitieron el perjuicio que afectó al turismo dominicano a través de la Policía Turística, y, lo más importante, son cinco mil millones que regresarán a las arcas del pueblo dominicano, tal como prometió el presidente Luis Abinader al contratar a este equipo de abogados”, enfatizó.
El ERPP sostuvo que esta compensación no debe interpretarse como una cifra abstracta, sino como una herramienta para la reparación social. Señaló que los fondos recuperados pertenecen a la ciudadanía dominicana y deben materializarse en proyectos, servicios públicos, fortalecimiento institucional y garantías de no repetición. Asimismo, el equipo valoró el trabajo realizado por el Ministerio Público, los organismos de investigación, los peritos, los testigos y los abogados del Estado que participaron en el proceso, así como la imparcialidad del tribunal al emitir una decisión basada en las pruebas presentadas durante el juicio.
El ERPP informó que dará seguimiento a las fases posteriores del proceso, incluyendo los posibles recursos que puedan interponerse y las acciones necesarias para hacer efectiva la indemnización reconocida en favor del Estado dominicano.
