El Gobierno español ha autorizado una inversión pública de 719 millones de euros para establecer una "Gigafactoría de inteligencia artificial", que se ubicará entre Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid). Esta iniciativa busca posicionar a España en la carrera tecnológica, aunque la cifra es modesta en comparación con las grandes inversiones globales en IA.
Mientras el mundo debate sobre el control de modelos como Claude Fable 5, el Gobierno de España ha tomado medidas para intentar ganar terreno en la competencia por la soberanía tecnológica. El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión pública de 719 millones de euros con un objetivo: crear una "Gigafactoría de inteligencia artificial". Esta inversión es significativa para España, pero representa una fracción mínima en un sector dominado por las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos.
La señal política detrás de esta decisión es contundente. La Comisión Europea busca movilizar 20.000 millones de euros para el desarrollo de proyectos de IA. Este capital está destinado a gigafactorías, y estos centros de datos se presentan como una estrategia para que Europa reduzca su dependencia de actores externos. En este contexto, España no llega completamente tarde, ya que cuenta con "AI Factories" vinculadas al consorcio EuroHPC, y el MareNostrum 5 del Barcelona Supercomputing Center (BSC) es uno de esos centros de referencia. El proyecto español "concurrirá con una candidatura multisede que incluye las ubicaciones de Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares (Madrid), para alojar la gigafactoría", según el anuncio oficial.
Existen muchas incógnitas. El anuncio combina la inversión pública con la promesa de una infraestructura estratégica. Sin embargo, una cosa es aprobar el plan y otra es construir estos centros de datos. Aún falta conocer la composición final del consorcio que aportará los fondos, los plazos de ejecución y, crucialmente, los detalles sobre quién tendrá acceso y quién gestionará estos centros de datos. La descripción de su alcance también es ambigua. Se menciona un servicio al "ecosistema español de IA", pero no está claro si esta infraestructura estará disponible para usuarios finales o si será exclusiva para organismos públicos y grandes empresas.
La perspectiva global sitúa la situación (desfavorablemente). En Estados Unidos, la inversión privada en centros de datos está creciendo exponencialmente. Solo la inversión de empresas de capital riesgo alcanzó los 45.700 millones de dólares en 2025. Además, el gasto de capital (capex) de las grandes tecnológicas, casi en su totalidad dedicado a la IA, se prevé que llegue a los 673.000 millones de dólares en 2026. En China, la ambición es igualmente colosal, con planes de invertir aproximadamente 295.000 millones de dólares en los próximos cinco años para construir centros de datos en todo el país.
Comparativa entre China y España. Hay varias maneras de comparar estos datos, y China ofrece una buena perspectiva para dimensionar esta noticia:
Quién tendrá acceso. Para entender quién podrá acceder a esta gigafactoría, el MareNostrum 5 es el mejor referente, ya que no es "público" en el sentido de uso libre por cualquier ciudadano. Se espera que este, al igual que otros centros del consorcio EuroHPC, esté disponible para investigadores europeos, la industria, pymes y startups. Todos ellos pueden, en teoría, aprovechar esta infraestructura mediante solicitudes de acceso a los recursos. No es como conectarse a chatgpt.com y empezar a trabajar; quienes deseen usar estos recursos deben justificar su necesidad y pasar por un proceso burocrático.
El centro de datos es de España, pero sus chips no. Aunque el mensaje del Gobierno es evitar la dependencia de tecnología extranjera, la realidad es evidente: los centros de datos estarán en Tarragona y Madrid, pero los chips que procesarán los datos serán de la empresa estadounidense Nvidia y serán fabricados por la empresa taiwanesa TSMC. Europa y España están realizando esfuerzos para mitigar esta dependencia, pero la realidad es innegable: seguimos dependiendo de estas y muchas otras empresas, y es poco probable que esta situación cambie a corto o medio plazo.
Promesas y realidades. La aprobación del proyecto es, sin duda, una buena noticia, pero por ahora es más una promesa de acción que una iniciativa inmediata. No hay fechas estimadas ni detalles claros sobre la ejecución del proyecto, y una vez más, tanto en Europa como en España, parece que se prioriza más el discurso que la acción. Esperemos que esta inversión se materialice pronto en un proyecto real: la intención y el propósito son positivos, ahora solo queda que se hagan realidad.
