La reciente sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en el caso Coral y Coral 5G ha generado reacciones opuestas. Mientras el Ministerio Público y el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público celebran el fallo como un hito en la lucha contra la corrupción, destacando las condenas y la millonaria indemnización, las defensas de los condenados ya han anunciado su intención de apelar la decisión, calificándola de inusual por la severidad de las penas.
La resolución judicial dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en relación con los expedientes Coral y Coral 5G ha provocado reacciones divergentes entre los representantes del Ministerio Público, el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público y los abogados defensores. Esto ocurre después de que varios de los principales acusados fueran sentenciados a penas de hasta dos décadas de prisión y al desembolso de cuantiosas compensaciones económicas en beneficio del Estado dominicano.
Tras la lectura de la determinación, el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público catalogó el veredicto como un precedente sin igual en el combate a la corrupción administrativa, enfatizando tanto las condenas impuestas a altos cargos militares como la compensación civil ordenada por el tribunal. “Es la primera ocasión en que una cúpula militar en funciones es condenada en los juzgados de la República por actos realizados durante el desempeño de una función pública, pero, sobre todo, es la mayor indemnización que se ha concedido en favor de una víctima en un caso de corrupción pública”, expresó el equipo legal. Los portavoces subrayaron que la sentencia dispuso una compensación de RD$5,000 millones para el Estado dominicano, al mismo tiempo que reconoció a la administración pública como la parte afectada por los hechos imputados a la red de corrupción.
“Reconocieron que el Estado dominicano padeció un daño a su reputación, reconocieron el perjuicio que sufrió la institución del Presidente de la República, reconocieron el daño que experimentó el turismo dominicano a través de la Policía Turística y, lo más importante, son 5 mil millones de pesos que regresarán a las arcas del pueblo dominicano”, aseveraron.
Por su parte, el procurador adjunto Wilson Camacho consideró la decisión como un triunfo para el Ministerio Público y una confirmación de la investigación desarrollada durante varios años. “El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en esta madrugada, ha emitido una determinación histórica que ha condenado entre 10, 15 y 20 años a la cúpula de esta estructura criminal”, afirmó. Camacho añadió que la sentencia representa “un reconocimiento al trabajo del Ministerio Público y a la solidez de la investigación”, al tiempo que manifestó su expectativa de que los tribunales sigan emitiendo fallos que contribuyan a combatir la impunidad. “Evidentemente, esta es una sentencia ejemplar y una victoria del Ministerio Público”, declaró.
No obstante, los abogados de varios de los sentenciados adelantaron que impugnarán la decisión una vez que les sea notificada en su totalidad. El abogado Waldo Paulino informó que su equipo apelará la condena impuesta a su defendido, amparándose en las normativas procesales vigentes. “Nosotros, en virtud de lo que establece la regulación en su artículo 433, vamos a recurrir la sentencia”, manifestó. Respecto a la condena civil de RD$5,000 millones a favor del Estado, indicó que fijará su posición una vez conozca en detalle la justificación completa del fallo. “Después de un análisis minucioso y cuando nos la notifiquen, el 14 de agosto, entonces nos referiremos a dicho momento”, señaló.
En términos similares se expresó el abogado Félix Portes, quien aseguró que las personas condenadas ejercerán su derecho a recurrir. “Obviamente, esperaremos que el tribunal entregue la decisión completa el 14 de agosto y, obviamente, apelaremos por aquellas personas que fueron sentenciadas”, manifestó. Portes calificó la sentencia como poco común debido a la severidad de las penas impuestas. “Yo entiendo que es una sentencia que nunca antes se había dictado una como esta. Personas condenadas a 20 años por actos de corrupción, cuando usualmente por estos hechos se han sentenciado a 8 o 10 años”, expresó.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso penas de entre tres y 20 años de reclusión a varios de los implicados en los casos Coral y Coral 5G, procesos en los que el Ministerio Público sostuvo que una estructura compuesta por exfuncionarios y militares desvió más de RD$4,500 millones de fondos públicos a través del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR). Entre los principales condenados se encuentran el exjefe del CUSEP, Adán Cáceres Silvestre, sentenciado a 20 años de cárcel y al pago de 400 salarios mínimos; el exdirector de CESTUR, Juan Carlos Torres Robiou, también condenado a 20 años de prisión y al pago de 200 salarios mínimos; así como Rafael Núñez de Aza, sentenciado a 20 años de reclusión. De igual forma, la pastora Rossy Maybelline Guzmán fue condenada a 15 años de confinamiento y Raúl Alejandro Girón a cinco años.
Durante la lectura del dictamen, las juezas concluyeron que Torres Robiou incurrió en blanqueo de capitales y desfalco contra el Estado, mientras que, en el caso de Adán Cáceres, consideraron probados elementos relacionados con el enriquecimiento ilícito y la adquisición de propiedades y compromisos financieros que superaban su capacidad económica declarada. Además de las condenas penales, el tribunal ordenó el pago de RD$5,000 millones como compensación civil a favor del Estado dominicano.
