El proceso judicial contra el pastor Ángel Gabriel Capellán ha tomado un rumbo inesperado, con padres y allegados al centro donde residían los niños defendiendo al acusado. Alegan que los menores recibían buen trato, contradiciendo la narrativa del Ministerio Público. Esta postura ha generado manifestaciones y debates, añadiendo una nueva complejidad al caso.
El procedimiento judicial contra el líder religioso Ángel Gabriel Capellán ha experimentado un giro inesperado, con la aparición de testimonios que ponen en entredicho parte de la acusación presentada por las autoridades. Padres y personas relacionadas con el establecimiento donde residían los menores han manifestado su total respaldo al pastor, reiterando que los niños "recibían una atención adecuada" por parte del implicado.
Esta postura se hizo evidente mediante carteles, protestas y exclamaciones dentro y fuera del Palacio de Justicia de San Cristóbal. Esto ocurrió después de que la audiencia para determinar la medida de coerción contra Capellán fuera pospuesta para el próximo martes 15 de septiembre. Sin embargo, las declaraciones ofrecidas al finalizar la audiencia introdujeron un elemento que cada vez cobra más relevancia.
Una de las mujeres que acudió al tribunal para apoyar al pastor afirmó que decidió llevar a sus propios hijos al centro vinculado a la Fundación Restaurando Vida “Un Muerto que Revive” porque consideraba que allí se les brindaba un trato favorable y un entorno propicio para su desarrollo. Explicó que vive en una habitación y por esa razón valoró positivamente las condiciones que encontró en el lugar.
La mujer también señaló que lleva aproximadamente un año en el centro y denunció que, tras la intervención de las autoridades, los padres no han podido ver a sus hijos. Según su testimonio, los familiares habrían solicitado tener contacto con los menores, incluso por unos instantes, sin obtener permiso. La defensa busca incorporar esta versión al proceso judicial.
El abogado Manuel Soto Lara sostiene que los padres no consideran al pastor responsable de los hechos imputados y cuestiona que el Ministerio Público y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) actúen en representación de ellos. Soto Lara también declaró que, durante las entrevistas realizadas a los menores en Cámara Gesell, algunos habrían expresado su deseo de regresar al centro y que veían a Capellán como una figura paterna.
Según la defensa, los menores también habrían manifestado que recibían un trato adecuado y negado haber sido objeto de maltrato. Estas afirmaciones forman parte de la versión de la defensa y contrastan con la postura del Ministerio Público, que imputa a Capellán presunto maltrato físico y psicológico, privación de alimentos y trabajo o servicio forzado en perjuicio de menores que permanecían en una propiedad vinculada a la fundación, en Bajos de Haina.
El caso se dio a conocer después de que uno de los menores escapara del lugar el pasado 28 de agosto y se presentara ante las autoridades para denunciar las condiciones en las que, según su relato, se encontraban los niños. Posteriormente, las autoridades intervinieron el establecimiento y sacaron del lugar a 14 menores.
La defensa también cuestionó los elementos utilizados para fundamentar la acusación. Cassandra Ramírez, quien acudió al Palacio de Justicia en apoyo al pastor, afirmó que no existe un querellante y cuestionó que la investigación se base en el testimonio de un menor. También puso en duda el significado de las marcas que presentaba el niño y aseguró que, según la versión ofrecida por su madre, estas tenían un origen diferente al señalado en la acusación.
Ramírez calificó el proceso como un “espectáculo mediático” y sostuvo que el Ministerio Público no tendría elementos suficientes para sustentar una condena contra Capellán.
Mientras tanto, la audiencia de medida de coerción no pudo avanzar este jueves. El tribunal decidió aplazarla para el martes 15 de septiembre, después de que uno de los abogados que representa a las madres de los menores solicitara su inclusión formal en el proceso. El abogado Luis Karela, representante legal de las madres de los niños, explicó que la suspensión permitirá que ese representante legal pueda constituirse conforme al Código Procesal Penal y participar en la próxima audiencia.
Soto Lara, por su parte, sostuvo que los padres deberán ser escuchados por el tribunal. Así, el proceso llegará a la próxima audiencia con dos narrativas contrapuestas sobre la estancia de los menores en el centro: la del Ministerio Público, que sostiene que fueron víctimas de presuntos abusos y explotación, y la de la defensa y personas vinculadas al lugar, que aseguran que algunos padres llevaron allí voluntariamente a sus hijos, que estos recibían cuidados y que ahora las familias reclaman poder participar directamente en el proceso.
La decisión sobre la medida de coerción quedará pendiente para el martes 15, cuando el tribunal deberá continuar con el conocimiento de la solicitud presentada contra Capellán.
