La Fiscalía de Perú ha decidido archivar la investigación sobre miles de esterilizaciones forzadas, mayormente en mujeres indígenas y campesinas, ocurridas durante la administración de Alberto Fujimori. Esta determinación se basa en una reciente ley que impide clasificar hechos anteriores a julio de 2002 como crímenes de lesa humanidad. La medida ha generado fuerte rechazo de organizaciones de derechos humanos, que la consideran una "ley de impunidad" y demandan su revisión, afectando a 4,172 mujeres denunciantes y a 52 personas investigadas.
La representación del Ministerio Público en Perú ha clausurado la pesquisa relacionada con las intervenciones quirúrgicas de esterilización realizadas sin consentimiento a miles de mujeres, predominantemente de comunidades nativas y agrícolas, durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), ya fallecido. Esta resolución se fundamenta en una normativa promulgada en el año 2024, que prohíbe designar como crímenes contra la humanidad o de guerra a sucesos ocurridos antes de julio de 2002. Conforme a una disposición de la Fiscalía, emitida el 22 de octubre y divulgada por la agencia AFP, la acción judicial quedó anulada por caducidad, al considerar pertinentes las regulaciones sobre prescripción contenidas en la legislación penal vigente.
La decisión ha provocado la desaprobación de entidades protectoras de los derechos humanos, quienes tildan la legislación de «ley de impunidad» y exigen que se reconsidere el cierre del expediente. La investigación abarcaba las acusaciones de 4,172 mujeres que afirmaron haber sufrido graves perjuicios tras someterse a procedimientos de esterilización, así como los casos de otras cinco que perdieron la vida. Las intervenciones se ejecutaron como parte de una iniciativa de planificación familiar promovida durante el gobierno de Fujimori, quien siempre negó las imputaciones.
Rocío Silva-Santisteban, directora de la agrupación feminista Demus, manifestó su indignación por la determinación y comunicó que presentarán una reclamación ante un fiscal de mayor jerarquía para solicitar una revisión del archivo. «Nosotras estamos totalmente indignadas de esta resolución», afirmó a la AFP. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también instó a la Fiscalía a reconsiderar su resolución en conformidad con los estándares internacionales en la materia. «Es indignante que después de casi tres décadas de búsqueda de justicia, miles de mujeres, principalmente indígenas, rurales y en situación de pobreza, enfrenten una nueva vulneración de sus derechos», indicó la organización en un comunicado.
El cierre de la investigación beneficiará a 52 individuos bajo pesquisa, entre ellos tres exministros de Salud de la administración de Fujimori.
El asunto ha sido objeto de objeciones por parte de organismos internacionales. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas estimó que las esterilizaciones podrían constituir un crimen de lesa humanidad. Asimismo, en marzo de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de una víctima que falleció en 1997 después de ser sometida a una esterilización sin su consentimiento. En su dictamen, el tribunal declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano.
Fujimori, sentenciado por severas vulneraciones a los derechos humanos, falleció en septiembre de 2024, tras haber recibido un indulto humanitario. La ley de 2024 en la que se fundamenta la determinación fiscal también ha sido cuestionada por sus implicaciones en otros procesos judiciales vinculados con infracciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno peruano, que enfrentó a las fuerzas del Estado con grupos de izquierda radical durante las décadas de 1980 y 1990.
