El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional retoma este miércoles el juicio del caso Calamar, centrado en un presunto esquema de corrupción que involucra a exfuncionarios. El proceso busca avanzar en la presentación de pruebas, tras aplazamientos previos, y determinar si la situación médica de un imputado afectará la continuidad del procedimiento. La Fiscalía intentará demostrar el uso de intermediarios para desviar fondos públicos mediante pagos irregulares por terrenos.
La Tercera Sala Penal del Distrito Nacional proseguirá este miércoles, a las 9:00 de la mañana, con la etapa de juicio oral del caso Calamar. En este proceso, la Procuraduría General de la República imputa a exservidores públicos y otros acusados la creación de una supuesta red de malversación de fondos públicos, vinculada a desembolsos indebidos por terrenos declarados de interés público.
La sesión fue programada para hoy, después de que el tribunal suspendiera el conocimiento de la causa el 21 de octubre, debido a una baja médica del excontralor general Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana. La presidenta del tribunal, la jueza Arlín Ventura Jiménez, advirtió que, si la condición de salud del acusado impide el progreso, las magistradas podrían considerar separar su expediente, tal como ocurrió con el del exsenador Rafael Calderón.
¿Qué elementos probatorios busca aportar el Ministerio Público?
La acusación busca evidenciar, a través de documentos, testimonios y peritajes, que se habría empleado una estructura de intermediación y traspasos de créditos para canalizar pagos estatales de forma anómala. La acusación sostiene que el supuesto esquema causó un perjuicio superior a los RD$19,000 millones mediante desembolsos relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.
Durante la exposición de la acusación, los fiscales detallaron expedientes en los que cuestionan la celeridad de ciertos trámites, la participación de empresas intermediarias y la secuencia de acciones administrativas que culminaron en pagos millonarios. Uno de los escenarios presentados implicó un desembolso superior a RD$361 millones, efectuado tras una serie de gestiones que, según el órgano acusador, se completaron en pocos días.
Otro de los elementos aportados por la Fiscalía se relaciona con cesiones de crédito vinculadas a terrenos de Molinería Oriental. De acuerdo con la acusación, empresas cesionarias recibieron pagos derivados de un crédito reconocido al Estado, mediante procedimientos cuya secuencia y justificación serán objeto de evaluación judicial. El Ministerio Público también puso en tela de juicio un expediente en el que una tasación de RD$9 millones habría servido como base para una reclamación cercana a RD$670 millones. Estos señalamientos forman parte de la tesis acusatoria y deberán ser analizados junto con los argumentos de las defensas.
Aunque la Procuraduría concluyó en septiembre la lectura de las 3,383 páginas de su acusación, el calendario del juicio ha sufrido postergaciones debido a incidentes procesales y situaciones de salud. La fase de presentación de pruebas testimoniales había sido anunciada para después de la lectura de la acusación, pero las interrupciones posteriores han condicionado la continuidad de los debates.
Los principales acusados y el origen del proceso
Entre los encausados se encuentran el exministro de Hacienda Donald Guerrero, el abogado Ángel Lockward, el excontralor Daniel Omar Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar Luis Miguel Piccirillo y el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, además de otros exservidores públicos y particulares.
La acusación también abarca supuestos cobros indebidos relacionados con juegos de azar y presuntos fondos destinados a la financiación de la campaña electoral de 2020. El caso se inició con una investigación del Ministerio Público que resultó en detenciones en marzo de 2023. Tras la etapa preliminar, el expediente avanzó a juicio de fondo para que un tribunal examine las pruebas, escuche a las partes y determine las responsabilidades penales que correspondan.
La apertura a juicio no implica una declaración de culpabilidad. Para la jornada de este miércoles, se espera que el tribunal retome el proceso y defina cómo continuará el conocimiento de la causa, considerando la situación médica pendiente y la fase probatoria. Hasta la información disponible, no se ha confirmado públicamente un listado definitivo de testigos o pruebas específicas que serán presentados durante esa audiencia.