La cuestión de si facciones armadas de Haití ejercen control sobre zonas adyacentes a la frontera dominicana genera un debate persistente. Las acusaciones de comerciantes sobre pagos forzosos, la disminución del comercio en Dajabón y las declaraciones gubernamentales sobre la seguridad fronteriza alimentan esta preocupación. Es crucial diferenciar entre la violencia interna de Haití y la posible incursión de estos grupos en territorio dominicano para comprender la situación real.
En Santo Domingo, la pregunta sobre si grupos armados haitianos han extendido su influencia hasta controlar áreas cercanas a la línea divisoria con la República Dominicana, o si su poder se mantiene exclusivamente en el lado haitiano, sigue abierta. Las quejas sobre cobros exigidos para transportar bienes, la disminución de las transacciones comerciales en Dajabón y las afirmaciones oficiales acerca de la seguridad fronteriza, mantienen vigente esta duda, subrayando la necesidad de distinguir entre la inestabilidad en Haití y la presencia efectiva de organizaciones criminales en suelo dominicano.
Previamente, este medio ha reportado sobre las alegaciones de empresarios respecto a pagos forzosos a pandillas haitianas y los desafíos que enfrenta el intercambio comercial en Dajabón, a raíz de la tensión en el país vecino. Ambos escenarios evidencian las consecuencias de la inseguridad haitiana en las actividades económicas vinculadas a la frontera, aunque por sí solos no confirman que estas agrupaciones delictivas dominen localidades dominicanas.
La inquietud resurgió con fuerza este martes, después de que el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, denunciara que bandas armadas demandan pagos para permitir el traslado de productos a través del territorio haitiano. Según sus declaraciones, los comerciantes se ven obligados a reunir hasta 5,000 dólares estadounidenses semanalmente para poder mantener sus operaciones comerciales.
El líder gremial explicó que la presión de las bandas ha provocado la alteración de las rutas habituales para el transporte de mercancías hacia Haití, lo que incrementa las complejidades logísticas. Estas acusaciones señalan el dominio que ejercen los grupos armados sobre carreteras y corredores comerciales haitianos, pero no demuestran que posean control sobre comunidades en el lado dominicano.
¿Qué comunican las autoridades dominicanas?
El presidente Luis Abinader manifestó el lunes que el Gobierno no permitirá el establecimiento de grupos armados haitianos a menos de 20 kilómetros de laña fronteriza dominicana. Durante una presentación sobre el estado de la seguridad, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, aseguró que las organizaciones criminales no han avanzado hacia los principales puntos de cruce fronterizos.
Fernández Onofre también detalló que las bandas mantienen el control de importantes vías que conectan Puerto Príncipe con otras poblaciones haitianas, incluyendo aquellas que conducen a la frontera. Según sus declaraciones, entre Jimaní y la capital haitiana existen aproximadamente siete puntos de peaje controlados por grupos armados.
El funcionario afirmó, sin embargo, que no existen indicios de la presencia de las principales bandas en las áreas de Juana Méndez, frente a Dajabón, ni en Anse-à-Pitres, frente a Pedernales. Añadió que las autoridades dominicanas monitorean constantemente los movimientos de estas organizaciones y que grupos comunitarios de autodefensa en Haití han contribuido a prevenir su avance hacia ciertos territorios.
La tensión también afecta el comercio en Dajabón
La situación de inestabilidad en Haití coincide con una reducción de las ventas reportada recientemente por los comerciantes del mercado fronterizo de Dajabón. En una publicación anterior, este medio analizó cómo la tensión en el país vecino impacta la actividad comercial y genera incertidumbre entre quienes dependen del intercambio binacional. La disminución de las ventas, no obstante, no implica necesariamente que las bandas armadas hayan ocupado zonas fronterizas dominicanas. La actividad comercial puede verse afectada por el temor a la violencia, las restricciones de movimiento, las condiciones climáticas y la incertidumbre sobre el comportamiento del mercado haitiano.
Por lo tanto, la información disponible permite establecer dos hechos diferenciados: las bandas ejercen presión y control sobre rutas comerciales dentro de Haití, según las denuncias de comerciantes y las declaraciones oficiales; al mismo tiempo, las autoridades dominicanas aseguran que estos grupos no han avanzado hacia los principales puntos de cruce. La interrogante sobre su presencia en áreas próximas a la línea divisoria exige mantener esa distinción y cotejar las afirmaciones oficiales con reportes verificables en el terreno. Hasta ahora, las denuncias de cobros por mercancías y los efectos económicos de la crisis haitiana no son suficientes para afirmar que las bandas controlan territorios de la República Dominicana.
