Un fiscal especial en Corea del Sur ha pedido la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol, destituido de su cargo, en una audiencia de apelación por su condena a cadena perpetua. La solicitud surge por su decisión de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, un acto que, según la acusación, puso en riesgo la democracia del país. El Tribunal Superior de Seúl aún debe pronunciarse sobre esta apelación.
Un representante de la fiscalía especial de Corea del Sur solicitó el jueves la máxima pena para el expresidente Yoon Suk Yeol, argumentando que debe afrontar la condena más severa por haber implementado la ley marcial en diciembre de 2024. Esta petición se realizó durante una audiencia de apelación contra la condena a prisión perpetua que se le impuso al exmandatario por el cargo de rebelión.
El Tribunal Superior de Seúl todavía no ha establecido una fecha para emitir su fallo sobre el recurso presentado por Yoon, quien fue sentenciado en febrero por el Tribunal del Distrito Central de Seúl. En su veredicto, los magistrados determinaron que el exmandatario movilizó de forma ilegal a fuerzas militares y policiales para controlar la Asamblea Nacional, detener a opositores políticos e intentar establecer un gobierno sin contrapesos por un periodo prolongado.
Los investigadores, liderados por la fiscal especial Cho Eun-suk, también apelaron la sentencia, considerando que la prisión perpetua es insuficiente dada la gravedad de los hechos. Durante la audiencia, el equipo de la fiscalía sostuvo que solo la pena capital permitiría exigir una responsabilidad total por un delito que, según su argumento, amenazó la democracia surcoreana. Los fiscales añadieron que la moratoria de facto sobre las ejecuciones vigente en Corea del Sur no debería impedir que los tribunales impongan la pena de muerte cuando la seriedad del crimen lo justifique. Sin embargo, una eventual ejecución sería improbable, ya que el país asiático no ha llevado a cabo ninguna desde 1997.
Por su parte, la defensa de Yoon rechazó los argumentos de la Fiscalía y calificó la solicitud de pena de muerte como una postura sin pruebas ni fundamento jurídico. Los abogados insistieron en que la declaración de la ley marcial buscaba alertar a la población sobre lo que el exmandatario consideraba intentos de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, de paralizar la gestión del Estado. La defensa también afirmó que Yoon no tenía intención de causar daño ni de establecer un régimen autoritario.
Yoon anunció la ley marcial durante la noche del 3 de diciembre de 2024, una decisión que generó una crisis política en Corea del Sur. La medida estuvo en vigor por unas horas, hasta que un grupo de legisladores logró superar el bloqueo de soldados fuertemente armados y policías en la Asamblea Nacional y votó para revocarla, lo que obligó al Gobierno a levantarla. El entonces presidente fue suspendido de sus funciones el 14 de diciembre de 2024, después de que la Asamblea Nacional aprobara su destitución política. En abril de 2025, el Tribunal Constitucional confirmó su salida definitiva del cargo. Posteriormente, Yoon fue detenido nuevamente en julio de 2025 y enfrentó varios procesos penales relacionados con la declaración de la ley marcial y otras acusaciones. El cargo de rebelión es el que contempla las sanciones más severas.
Además de recurrir la condena a cadena perpetua por rebelión, Yoon apeló una sentencia de 30 años de prisión en un caso vinculado con presuntas órdenes para realizar vuelos de drones sobre Corea del Norte en 2024. Según la acusación, esas operaciones buscaban aumentar deliberadamente las tensiones entre ambos países y generar un pretexto para declarar la ley marcial. Los abogados del exmandatario rechazaron esa interpretación y argumentaron que los vuelos de drones fueron una respuesta al envío de miles de globos cargados de basura desde Corea del Norte hacia territorio surcoreano.
