El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha concedido a Amazon Web Services (AWS) una autorización para aumentar en un 48% la dotación de agua en su centro de datos ubicado en El Burgo de Ebro. Esta decisión, que no prevé impactos ambientales significativos según el organismo, se espera que se replique en los complejos de Villanueva de Gállego y Huesca. La resolución oficial será publicada en el Boletín Oficial de Aragón en los próximos días, generando debate sobre el uso de recursos hídricos en la región.
El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha otorgado permiso a Amazon Web Services (AWS) para incrementar en un 48% la asignación de agua destinada a su centro de datos en El Burgo de Ebro. Según reportes periodísticos, el organismo no detecta efectos ambientales relevantes, y se anticipa que esta medida se extenderá a los complejos de Villanueva de Gállego y Huesca, donde la compañía ha solicitado una ampliación similar. La resolución se hará pública en el Boletín Oficial de Aragón en los próximos días.
La cronología de los eventos clave incluye:
- 2022: Puesta en marcha de los primeros centros de AWS en Aragón.
- 2023: El Gobierno aragonés modifica el PIGA para expandir la capacidad energética.
- Finales de 2024: AWS solicita una modificación de su evaluación ambiental simplificada.
- Enero de 2026: Ecologistas en Acción anuncia una disputa legal contra el PIGA.
- Finales de agosto: El Gobierno central presenta un borrador de decreto con mayores exigencias.
- 15 de septiembre: Se impone una nueva restricción de riego en el río Gállego.
- 2 de octubre: Se revela que AWS paga el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en Madrid.
- 8 de octubre: AWS anuncia su intención de pagar el impuesto en los municipios correspondientes.
- 26 y 27 de octubre: El Gobierno suaviza el decreto.
La reciente decisión implica que el proyecto no requerirá una evaluación de impacto ambiental ordinaria. No obstante, AWS deberá ajustar su autorización ambiental integrada y proporcionar información detallada sobre los consumos proyectados, los caudales de abastecimiento, los volúmenes de aguas residuales, los sistemas de tratamiento y la capacidad de los depósitos. Adicionalmente, deberá cumplir con la normativa para la prevención de legionelosis y la protección contra incendios, implementar un plan de vigilancia ambiental con monitoreo continuo y restaurar el terreno una vez que la instalación sea desmantelada.
La solicitud de AWS para más agua, presentada a finales de 2024, se basa en que el diseño original estimaba 555 horas anuales de uso de agua para refrigeración, cifra que un informe de la consultora Tauw Iberia eleva a 900 horas. La empresa argumenta que, tras dos años de operación, los valores aprobados inicialmente no reflejan con precisión las condiciones climáticas actuales del sitio. Como contrapartida, ha retrasado el umbral de temperatura al que el sistema cambia de refrigeración por aire (free cooling) a refrigeración por agua, pasando de 28,3 a 29,4 ºC, lo que, según el documento, contribuye a reducir el consumo.
El volumen de 53.961 m³ no representa el gasto total de AWS en la región. Con la expansión de la infraestructura de datos, el consumo máximo anual asciende a 917.603 m³, equivalentes a 0,92 hectómetros cúbicos. A modo de comparación, un diario local señala que las papeleras de la Ribera Baja superan los 20 hectómetros cúbicos. AWS aclara que el centro de El Burgo de Ebro capta agua del Canal Imperial de Aragón y que su demanda actual de 36.662 m³ representa el 0,009% del total. Esta cifra excede el límite anterior en 201 m³, sin que se haya proporcionado una explicación sobre esta diferencia. Un estudio ambiental previo estimaba unos 755.000 m³ para las nuevas instalaciones, y Ecologistas en Acción ya había advertido sobre la dificultad de verificar la cantidad de agua extraída.
Las medidas propuestas por AWS incluyen la fusión de dos plantas de tratamiento en una sola, con tecnología de nanofiltración, que se espera recupere aproximadamente el 70% del agua. Además, se ampliará el almacenamiento in situ hasta cubrir 72 horas. Se mencionan también dos proyectos relacionados: la construcción de tres tanques de tormentas en los nuevos centros y la financiación de la renovación de 25 kilómetros del Canal Imperial para prevenir fugas. Las proyecciones de ahorro de agua de AWS, que superan los 10.000 millones de litros al año para 2030, son proporcionadas por la propia compañía.
Ecologistas en Acción y Tu Nube Seca Mi Río presentaron alegaciones, argumentando que el cambio climático debería haber sido considerado en la solicitud original. Recordaron también que una investigación periodística estimó que el centro de Huesca consumió casi el doble de lo autorizado. Solicitaron controles independientes, ya que la normativa actual no exige a las empresas informar sobre su consumo. AWS, por su parte, defiende la necesidad de tener un margen para años con condiciones climáticas atípicas, como 2022, y asegura que sus centros utilizan agua solo cuando la temperatura supera los 30 grados.
El 15 de septiembre, la acequia de Camarera, en la cuenca del Gállego, sufrió un recorte de su concesión al 35%. Esta fue la segunda restricción del verano, después de un 60% en agosto, afectando a unas 4.500 hectáreas. El colectivo No es sequía, es saqueo vincula esta situación con los proyectos de Villanueva de Gállego, Villamayor y La Puebla de Alfindén, y sostiene que los centros conectados a redes urbanas tienen prioridad legal sobre el riego. Aunque el centro de El Burgo de Ebro no se encuentra en esa zona, se abastece del Canal Imperial, una infraestructura de regadío cuya comunidad de usuarios colabora con AWS en el proyecto de modernización. En Teruel, la comunidad de regantes de Gaén mantiene bloqueadas las negociaciones para ceder agua del Ebro.
Ese mismo 15 de septiembre, Jorge Azcón, en un foro organizado por AWS, defendió que la industria del dato aporta más agua de la que consume. Los críticos replican que el ahorro en el sector agrícola no elimina el consumo del centro de datos. En cuanto a los impuestos y la opinión pública, tras conocerse la situación del IAE, el alcalde de El Burgo de Ebro, Vicente Royo, calificó el hecho de “lamentable y vergonzoso”. Posteriormente, se llevaron a cabo manifestaciones y marchas. Ya existían precedentes: en Cuarte, los residentes lograron que Amazon desviara una línea de alta tensión, y en Walqa (Huesca) se rechazó la instalación de un centro en la primera consulta vecinal de Aragón. AWS se comprometió a pagar el IAE en los municipios y a abonar cuatro años de atrasos, sin especificar las cifras. Según la prensa aragonesa, también saldó 194.000 euros de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) pendientes en El Burgo de Ebro.
Un borrador de decreto de agosto aplicaba las normas a partir de 1 MW. Según informes, el umbral ha sido elevado a 10 MW, con un 80% de suministro renovable y un régimen transitorio de hasta cinco años. El Gobierno de Aragón había presentado cinco alegaciones al texto. Los colectivos del agua señalan que el decreto establece parámetros de eficiencia, pero no límites al consumo en periodos de sequía.
Lo que está en juego es la inversión global de AWS, estimada en 33.700 millones de euros hasta 2035. Los centros generan pocos empleos directos y, a pleno rendimiento, consumirían más electricidad que toda la comunidad autónoma. Las interrogantes sin resolver son tres: quién verificará el consumo de agua de cada centro, qué prioridad tendrá el regadío en situaciones de restricción hídrica y cuál será el dictamen judicial sobre el PIGA. En la misma cuenca del Ebro, el embalse riojano de Mansilla, que abastece riego y energía, muestra ahora las calles enteras de su antiguo pueblo sumergido. Esta imagen de un otoño seco coincide con la autorización en Aragón para ampliar el suministro de agua a un centro de datos.
