Una nueva iniciativa legislativa ha sido introducida con el propósito de establecer un marco legal claro para las concesiones estatales. Este proyecto busca asegurar la transparencia y eficiencia en la gestión de recursos, permitiendo el desarrollo de infraestructura y servicios mediante inversión privada. Se propone una duración de hasta 40 años para los contratos, con un sistema de sanciones para garantizar el cumplimiento.
Una propuesta de Ley General de Concesiones de Bienes, Servicios y Obras Públicas ha sido presentada con la finalidad de establecer un marco jurídico que rija la asignación, ejecución y supervisión de concesiones estatales. El objetivo principal es asegurar la transparencia, la eficacia y una administración apropiada de los bienes públicos. Durante la presentación de esta iniciativa, estuvo presente el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien también forma parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Esta propuesta busca crear una modalidad intermedia entre la contratación pública convencional y las alianzas público-privadas, permitiendo el desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios a través de capital privado, sin que el Estado deba necesariamente aportar bienes o recursos.
El proyecto contempla la creación de un Sistema Nacional de Concesiones Públicas. Este sistema estaría conformado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el Consejo Nacional de Concesiones, la Dirección Técnica de Concesiones y otras entidades relacionadas con estos procedimientos. Adicionalmente, se propone la creación de un Registro Nacional de Concesionarios del Estado y un conjunto de prohibiciones e inhabilidades para evitar conflictos de intereses, la corrupción y prácticas que puedan afectar la libre competencia.
La selección de las empresas concesionarias se llevaría a cabo mediante un proceso de licitación pública, que podría ser nacional o internacional. Este proceso incluiría requisitos de participación claramente definidos, criterios de evaluación, garantías y mecanismos de supervisión previamente establecidos. Los acuerdos contractuales tendrían una vigencia que oscilaría entre cinco y cuarenta años, con límites estrictos a las extensiones y una prohibición explícita de renovación automática. Asimismo, los contratos deberán detallar las inversiones requeridas, las tarifas aplicables, la distribución de riesgos y las condiciones para su modificación o terminación.
La propuesta también reconoce la posibilidad de que entidades privadas presenten proyectos de interés público que no requieran aportes del sector público, aunque esta modalidad no garantizaría una adjudicación directa. Finalmente, el proyecto de ley establece un régimen de sanciones para infracciones leves, graves y muy graves, que podrían incluir multas económicas, la ejecución de garantías y la inhabilitación temporal para participar en futuros procesos.
