La líder venezolana, Delcy Rodríguez, ha instruido a las fuerzas de seguridad del país a abstenerse de realizar arrestos sin una orden judicial, salvo en situaciones de delito flagrante. Esta medida forma parte de una serie de reformas destinadas a mejorar el sistema de justicia penal. Además, enfatizó el derecho a la protesta pacífica y la necesidad de una justicia más equitativa y transparente.
La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha emitido una directriz a los organismos de seguridad del Estado, prohibiendo las aprehensiones sin una orden judicial, con la única excepción de los casos donde se capture a alguien en el acto de cometer un crimen. Esta disposición se enmarca dentro de las acciones anunciadas para la reestructuración del sistema de justicia penal nacional. Durante su alocución a la nación, la mandataria instruyó a las autoridades para que “ninguna persona sea privada de su libertad sin una autorización judicial, salvo en circunstancias de comisión evidente de un delito”, al tiempo que reafirmó que la manifestación pacífica es un derecho fundamental establecido en la Constitución. Rodríguez también subrayó que las concentraciones deben llevarse a cabo respetando la integridad física y moral de los agentes de seguridad.
La jefa de Estado garantizó que su administración está comprometida en impulsar un sistema de justicia penal que sea más justo, humano, diáfano e imparcial. Esto se logrará a través de un proceso de consulta nacional enfocado en erradicar la corrupción, el retraso en los procedimientos judiciales y la criminalización de la pobreza. En este contexto, recordó que en enero se solicitó una transformación profunda del sistema judicial con el fin de restaurar la confianza de los ciudadanos y reforzar la credibilidad de las instituciones. Como parte de estas iniciativas, resaltó la aprobación unánime de una ley de amnistía por parte de la Asamblea Nacional en febrero.
Según sus declaraciones, dicha legislación ha beneficiado a aproximadamente 9,000 individuos y ha facilitado la liberación de más de 1,000 personas, al poner fin a procesos penales que surgieron de años de confrontación política. De igual forma, Rodríguez reconoció que la Ley Contra el Odio había sido aplicada de manera excesiva, por lo que solicitó su reforma para eliminar las sanciones penales y potenciar su carácter formativo. La mandataria señaló que la Asamblea Nacional presentó la modificación legislativa y que el Tribunal Supremo de Justicia declaró su constitucionalidad, previéndose un extenso proceso de consultas. “Una vez que sea promulgada, el sistema de justicia deberá examinar los expedientes de las personas procesadas penalmente bajo este instrumento”, manifestó.
Rodríguez también propuso la necesidad de asegurar los derechos de participación ciudadana y de fortalecer la democracia interna dentro de los partidos políticos. Finalmente, afirmó que Venezuela mantiene sus fronteras abiertas, aunque reiteró que la soberanía nacional no es objeto de negociación.
