El reciente incremento en las tarifas del marbete para el periodo 2026-2027 ha desatado un debate entre expertos económicos dominicanos. Mientras algunos lo ven como una medida fiscal necesaria y razonable, otros advierten sobre su impacto negativo en los hogares y las empresas. Las opiniones difieren sobre la justificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para este ajuste y sus posibles repercusiones en el poder adquisitivo.
En Santo Domingo, el ajuste en los precios del marbete para el ciclo 2026-2027 ha generado posturas encontradas entre los economistas locales. Las discusiones se centran en cómo esta disposición afectará las finanzas de los conductores, las compañías y los usuarios del transporte público, así como en la validez del incremento implementado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Mientras la economista Siddy Roques evalúa favorablemente el incremento, argumentando que se trata de un desembolso anual, Nicolás Jiménez alerta que esta medida representa un peso adicional para las familias y las corporaciones. Por su lado, Haivanjoe Ng Cortiñas critica que el Gobierno use la inflación como justificación para elevar los impuestos sin aplicar el mismo criterio a la capacidad de compra de los ciudadanos.
Las nuevas tarifas, establecidas mediante la Resolución Administrativa núm. DDG-AR1-2026-00009, fijan el pago en RD$2,000 para automóviles fabricados hasta el año 2021 y RD$4,000 para los modelos producidos a partir de 2022. Esto implica aumentos de RD$500 y RD$1,000, respectivamente, para los vehículos que se mantienen en sus categorías previas.
Roques respaldó la decisión, considerando que el monto debe analizarse desde la perspectiva de que se abona una única vez al año, no mensualmente. “Yo valoro esta acción como buena, porque eso se paga anualmente, no cada mes”, explicó. La economista afirmó que los dueños de vehículos modernos o de alta gama pueden afrontar esta obligación económica sin que represente una dificultad mayor. Asimismo, indicó que los impuestos son herramientas de recaudación empleadas por los gobiernos para obtener fondos. “Si lo analizamos desde el punto de vista financiero, verdaderamente es para obtener recursos. Y no lo veo mal”, aseguró.
Respecto a la posibilidad de que el aumento cause demoras en la renovación, Roques descartó que los propietarios de vehículos de mayor costo dejen de cumplir con el pago debido al monto establecido.
En contraste, el economista Nicolás Jiménez consideró la acción como perjudicial para la población y el sector empresarial, ya que la percibe como un gasto extra para quienes utilizan automóviles privados o laborales. Jiménez detalló que el incremento también impacta a las empresas que manejan flotas de vehículos, pues deberán incluir las nuevas tarifas en sus presupuestos operativos. “Para las empresas con muchas unidades, implica un costo ligado a lo que deben contemplar en su presupuesto y que afecta, por ende, sus resultados”, puntualizó.
El experto manifestó inquietud por las posibles consecuencias en el transporte público, ante la probabilidad de que los operadores transfieran parte del aumento de sus gastos a los precios que pagan los usuarios. También señaló que el Estado debe garantizar un proceso de renovación eficiente y bien organizado, para que los contribuyentes no enfrenten contratiempos adicionales al momento de adquirir el marbete. Jiménez vinculó el ajuste con la necesidad del Gobierno de fortalecer sus ingresos con miras al presupuesto de 2027, aunque enfatizó que cualquier modificación fiscal debe considerar sus implicaciones económicas. Al ser consultado sobre su evaluación de la medida, respondió: “De forma desfavorable. Es negativo para la ciudadanía y para las propias empresas”.
A estas posturas se unió el economista Haivanjoe Ng Cortiñas, quien lidera la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, y cuestionó el argumento empleado por la DGII para justificar el incremento. Según explicó, la institución tomó como referencia una inflación acumulada del 58.1 % entre septiembre de 2016 y septiembre de 2026, periodo durante el cual las tarifas nominales del impuesto se mantuvieron sin cambios.
Ng Cortiñas reconoció que mantener un impuesto sin cambios durante una década puede justificar una revisión y que la DGII no aplicó la totalidad de la inflación acumulada, lo que habría elevado las tarifas a RD$2,372 y RD$4,743. Sin embargo, criticó que el mismo criterio de actualización no se aplique a los ingresos de los trabajadores dominicanos. “Si el Gobierno acepta que la inflación ha reducido el valor real del marbete y emplea ese argumento para cobrar más, también debe reconocer que esa misma inflación ha disminuido la capacidad de compra de los dominicanos. La inflación no puede ser un mecanismo de ajuste unilateral del Estado”, expresó.
El economista también advirtió que la recaudación mediante montos fijos puede ser regresiva, ya que representa una proporción mayor del valor de los vehículos más económicos. Como ejemplo, indicó que un automóvil usado valorado en RD$400,000 pagaría RD$2,000, equivalente al 0.5 % de su valor, mientras que uno fabricado en 2021 y tasado en RD$5 millones pagaría el 0.04 %. Ng Cortiñas sostuvo que esta estructura de cobro puede impactar proporcionalmente más a trabajadores autónomos, comerciantes, pequeños empresarios y conductores que utilizan sus vehículos como herramientas de trabajo.
La DGII, por su parte, argumenta que el ajuste responde a la necesidad de actualizar tarifas que permanecían sin modificaciones desde 2016, considerando la inflación acumulada y la sostenibilidad de las recaudaciones. El proceso de renovación del marbete inició este jueves 29 de octubre y estará disponible hasta el 31 de enero de 2027.
