La investigación sobre el colapso de Ueno Bank en Paraguay ha resultado en la imputación de 27 individuos y la detención de seis directivos, con otros dos bajo arresto domiciliario. Estas determinaciones judiciales surgen en medio de una profunda crisis que provocó la dimisión del presidente Santiago Peña, quien fue cuestionado por sus lazos empresariales. La Fiscalía indaga diversos delitos financieros, buscando esclarecer las responsabilidades y el destino de los fondos.
El proceso judicial por el desplome de Ueno Bank en Paraguay ya cuenta con la acusación formal de veintisiete personas y la privación de libertad de seis miembros de la directiva. Adicionalmente, dos individuos quedaron bajo confinamiento domiciliario. Estas resoluciones judiciales se hicieron públicas en un contexto de grave inestabilidad que culminó con la renuncia del presidente Santiago Peña, cuya credibilidad fue puesta en entredicho por sus pasadas conexiones empresariales con el conglomerado dueño de la institución bancaria.
La representación fiscal está examinando presuntos actos de abuso de confianza, intento de fraude, comportamiento inapropiado en situación de emergencia y quebrantamiento de la obligación de mantener registros contables. Entre los principales sujetos de investigación se encuentra Miguel Vázquez, quien ocupaba el cargo de vicepresidente primero de Ueno Bank. Los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera impulsaron las acusaciones tras la intervención de la entidad financiera. Las acciones judiciales abarcaron tanto a los directivos de Ueno como a individuos vinculados con empresas relacionadas con sus actividades económicas.
El juez Rodrigo Estigarribia evaluó las peticiones de la fiscalía y decidió imponer medidas preventivas a los ocho principales líderes bajo investigación. Para seis de ellos, decretó prisión preventiva y para los otros dos, reclusión en su domicilio. La Fiscalía también solicitó acciones sobre los bienes de los acusados, incluyendo restricciones para la venta o gravamen de propiedades y la congelación provisional de cuentas. Entre las corporaciones mencionadas en las actuaciones se encuentran MOWI S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A. y VINANZAS S.A.
El expediente comenzó a progresar después de que el Banco Central confirmara que el índice de solvencia de Ueno había descendido a menos de la mitad del mínimo legal. Las autoridades detectaron operaciones de crédito cuestionables, insuficiencias en la documentación y problemas contables que agravaron la situación financiera del banco. Las pesquisas continuarán para establecer qué responsabilidades corresponden a cada implicado y qué activos pueden ser recuperados. Las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas. Mientras tanto, millones de clientes esperan recuperar el acceso a sus depósitos y conocer el paradero del dinero gestionado por Ueno.
