Más de 8.000 personas se congregaron en Villaverde de Pontones, Cantabria, para protestar contra la construcción del Olucas Surf Center, un proyecto que incluye una piscina de olas y un resort. Los manifestantes, respaldados por diversas organizaciones y partidos, cuestionan el interés regional de una instalación privada en una zona con abundancia de olas naturales, así como su impacto ambiental y social. La controversia se centra en la recalificación de suelo mediante un Plan Singular de Interés Regional (PSIR) y las implicaciones de consumo de agua y tráfico.
Cantabria, con más de 200 kilómetros de costa, 80 playas y cuatro reservas de surf, ha visto a su Gobierno impulsar la tramitación de una piscina de olas al estilo de Madrid, ubicada a solo siete kilómetros del mar. Sin embargo, este proyecto ha generado un fuerte rechazo. El 31 de octubre, Villaverde de Pontones, una localidad de Ribamontán al Monte con apenas 467 habitantes, fue el escenario de una manifestación que, según la organización, congregó a más de 8.000 personas. Los participantes bloquearon la carretera principal para expresar su oposición, argumentando que una región que ya debate si quiere ser la “Ibiza del norte” no debería establecer una laguna artificial en medio del pueblo.
Durante la protesta, se escucharon consignas como “Cantabria se defiende. No al PSIR Olucas”. A la manifestación se unieron personas afectadas por otros Planes Singulares de Interés Regional (PSIR) en Real de Piasca, Laredo, Astillero y Las Excavadas, en Torrelavega. La convocatoria fue realizada por el partido Cantabristas. Paulu Lobete, su secretario general, afirmó que “No puede existir interés general si existe rechazo general”. Posteriormente, el alcalde y la candidata del PRC, Paula Fernández, fueron recibidos con fuertes abucheos.
El Olucas Surf Center no es solo una piscina, sino un resort que abarca 100.000 metros cuadrados, de los cuales la laguna ocuparía menos de una cuarta parte. El resto del complejo incluye cabañas de glamping para dos a seis huéspedes, un restaurante, una tienda, un escenario y un aparcamiento. El Gobierno defiende el proyecto como una inversión privada de más de 40 millones de euros sin gasto público, que generaría 60 empleos directos y atraería a 200.000 visitantes al año. En el Parlamento, se mencionaron unos 800 usuarios diarios, cifra que ascendería a 2.000 en verano. No obstante, los vecinos anticipan un aumento del tráfico y el ruido, un encarecimiento de la vivienda y un negocio que beneficiaría a pocos.
La elección de un PSIR se debe a que la normativa municipal no permite un proyecto de esta envergadura. Un Plan Singular de Interés Regional facultaría al Gobierno a recalificar el suelo y expropiar terrenos sin la intervención del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte. La promotora presentó el plan apenas media hora antes del debate parlamentario en el que María José Sáenz de Buruaga, la presidenta, anunció el proyecto. El Consejo de Gobierno declaró el interés regional en menos de cuatro meses. El acuerdo, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), detalla los argumentos del promotor y extractos de los informes de Deporte y Turismo.
La pregunta clave que plantean los afectados es: ¿interés de quién? No comprenden cómo una instalación privada, de acceso de pago, puede cumplir la condición de interés regional. Argumentan que la comunidad surfera no equivale a interés regional y exigen saber qué valor público aporta una ola artificial en una región donde las olas naturales son abundantes. Roberto Media, consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, ha asegurado que el OLUCAS Surf Center “no se va a paralizar”, que continuará su tramitación y saldrá adelante, presentándolo como una instalación con la mejor tecnología mundial. Sin embargo, cabe señalar que Olucas Cantabria SL se constituyó en mayo de 2025 con un capital de 3.000 euros, que fue ampliado a 85.000 euros apenas una semana antes del anuncio del proyecto. El plan requiere 43 millones de euros y, según su propia documentación, aún busca inversores.
El terreno donde se pretende construir el complejo se encuentra, literalmente, sobre un yacimiento paleolítico al aire libre, Villaverde 2, que está inscrito en el Inventario Arqueológico Regional con una protección equivalente a la de un Bien de Interés Cultural (BIC). Contradictoriamente, la valoración en el Parlamento fue de “ningún inconveniente”. Además, el promotor controla el 70% del terreno, y el resto se adquiriría mediante acuerdos o expropiaciones, afectando a unas seis parcelas, según estimaciones de los vecinos.
El lago artificial necesitaría 30.000 metros cúbicos de agua anualmente para compensar la evaporación, lo que equivale a diez piscinas olímpicas según el propio proyecto. Esta cifra evoca la laguna del Atleti en Madrid. Roberto Media, por su parte, mencionó “dos piscinas convencionales”. Es importante recordar que Ribamontán al Monte sufrió restricciones de agua en Liermo este verano, y Cantabria es la comunidad que más agua consume por habitante, con 186 litros diarios, frente a la media nacional de 128 litros, según el INE. Algunos estudios consideran que un consumo superior a 100 litros es un despilfarro, umbral estimado por la OMS.
Días antes de la manifestación, y tras la presión vecinal, el regionalista Raúl Ruiz, alcalde, y César Bolívar, presidente de la Junta Vecinal, se declararon en contra del proyecto. Ruiz considera los PSIR una “buena herramienta para lo público, pero no para lo privado” y señala a Roberto Media y al promotor como los únicos con poder para detenerlo. En cuanto al acceso, todo el tráfico entraría por el barrio Trapa, a través de un vial estrecho. El Ayuntamiento reclama un acceso independiente y pide la resolución de los problemas de agua y accesos antes de la aprobación definitiva. En una entrevista para la Cadena Ser, Lobete afirmó que “Cuando el público te dice que no hay interés, te quedas solo”, sugiriendo que Buruaga y Media solo cuentan con el promotor.
Juan José Alonso, portavoz del PP en el Parlamento, acusó a la oposición de sabotear la inversión y el empleo con medias verdades. Sin embargo, PRC, PSOE y Vox han cuestionado el proyecto y no aceptan esa narrativa. Pedro Hernando, del partido regionalista, habló de un “tufillo extraño” y mencionó problemas relacionados con el suelo, el agua, la energía y los accesos. En resumen, el PSIR cuenta solo con una aprobación inicial, estando pendiente la definitiva.
