El gobierno brasileño ha iniciado un proceso formal contra Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) debido a los recientes aranceles aplicados a diversas mercancías brasileñas. Esta acción busca resolver una disputa comercial que Brasil considera "injustificada e incompatible" con las normativas internacionales. La medida podría escalar a un panel de arbitraje si no se logra un acuerdo bilateral.
El gobierno de Brasil ha presentado una petición de consultas contra los Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los recientes aranceles impuestos a diversas mercancías de origen brasileño. Este movimiento podría desencadenar un proceso formal de resolución de disputas entre ambas naciones. Se informó que la solicitud fue presentada el 27 de julio, en el marco del mecanismo de solución de controversias de la OMC.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil manifestó que su nación considera que las acciones tomadas por Estados Unidos son "injustificadas e incompatibles" con las reglas del comercio global. La solicitud de consultas representa la fase inicial del procedimiento establecido por la OMC, previo a la posible conformación de un panel que analice el caso, si las partes no consiguen llegar a un entendimiento.
El nuevo gravamen del 25%, anunciado la semana anterior por la administración del entonces presidente Donald Trump, se fundamenta en una investigación de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR). Dicha investigación concluyó que ciertas políticas brasileñas son "desleales" y afectan negativamente a las empresas estadounidenses.
Entre las prácticas bajo escrutinio se encuentran el sistema de pagos automáticos PIX, las barreras de entrada a mercados brasileños, como los sectores automotriz y de combustibles, la gestión de la lucha contra la corrupción, la legislación sobre propiedad intelectual y la deforestación ilegal.
Se calcula que el nuevo impuesto afectará aproximadamente al 18% de las exportaciones brasileñas dirigidas a Estados Unidos, aunque algunas organizaciones comerciales estiman que el impacto podría ascender hasta un tercio del total. Los sectores más afectados incluyen maquinaria industrial, azúcar, etanol, madera y calzado.
Sin embargo, Trump excluyó del arancel a cerca de 2,100 productos, entre ellos carne, café, petróleo, componentes para aeronaves, jugo de naranja y tierras raras, al considerarlos insumos estratégicos para la industria estadounidense.
La administración estadounidense implementó este mes dos nuevas rondas de aranceles contra bienes brasileños. Una de ellas establece gravámenes del 25% por supuestas prácticas comerciales desleales, y la otra fija un arancel adicional del 12.5% por el presunto uso de trabajo forzado.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha cuestionado estas medidas, argumentando que responden a motivaciones políticas en un año electoral, cuando buscará la reelección en menos de tres meses.
Esta disputa comercial se suma a un conflicto anterior entre los dos países. En 2025, Brasil también acudió a la OMC después de que Washington impusiera aranceles del 50% como represalia por el proceso judicial por golpismo que culminó con la condena del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), padre del actual candidato presidencial Flávio Bolsonaro, principal adversario de Lula en las elecciones de octubre.
Aunque una parte significativa de esas sanciones comerciales fue posteriormente revertida, la relación bilateral se volvió a tensar tras la imposición de los nuevos gravámenes estadounidenses. Lula también afirmó que Flávio Bolsonaro, aliado político de Trump, impulsó la presión arancelaria de Washington durante la campaña electoral brasileña. El líder opositor ha negado esa acusación.
La tensión entre ambos gobiernos también se ha manifestado en el ámbito diplomático. El sábado, Brasil denegó las visas a dos funcionarios estadounidenses que tenían la intención de reunirse con autoridades electorales brasileñas, después de que Flávio Bolsonaro cuestionara la fiabilidad del sistema de votación electrónica del país.
