Una propuesta legislativa en Bolivia que contempla la esterilización obligatoria, bajo supervisión judicial, para mujeres en situación de calle ha provocado una ola de críticas. La Defensoría del Pueblo y varias organizaciones de derechos humanos han manifestado su rotundo rechazo, alertando que esta medida vulneraría derechos fundamentales. La iniciativa busca supuestamente la reinserción social, pero sus críticos la tildan de discriminatoria y peligrosa.
Un borrador de ley presentado en Bolivia, que contempla la aplicación de la esterilización obligatoria, con control judicial, para mujeres que viven en la calle, ha generado un fuerte rechazo por parte de la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones dedicadas a los derechos humanos. Estas entidades advirtieron que la medida podría infringir derechos esenciales de las personas.
La propuesta fue introducida por el diputado suplente Néstor Rodríguez, miembro de Unidad, una coalición opositora de centro. Su justificación se basa en favorecer la reintegración social de individuos sin hogar y prestar particular atención a los casos de mujeres que consumen estupefacientes o sustancias inhalantes y son madres en esas circunstancias.
El proyecto establece inicialmente que cualquier procedimiento de anticoncepción definitiva debe contar con el consentimiento libre, previo e informado del individuo. No obstante, plantea que, una vez “agotadas las instancias pertinentes”, la esterilización podría volverse obligatoria y aplicarse bajo supervisión judicial.
Rodríguez explicó que la idea surgió al observar la situación, según sus palabras, de mujeres y niños que residen en las calles y están expuestos al consumo de sustancias. “La idea nace al ver la situación actual de las mujeres y sus bebés que inhalan clefa (un tipo de pegamento altamente inflamable). El proyecto de ley busca ser una vía para encontrar una nueva forma de vida”, declaró el legislador.
El documento fue presentado hace varias semanas y, conforme al legislador, deberá ser abordado inicialmente en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Rodríguez afirmó que la iniciativa pretende responder a “la necesidad” de las personas sin hogar de reinsertarse en la sociedad y detalló que cualquier procedimiento eventual estaría precedido por valoraciones médicas y psicológicas.
“Primero se revisará el historial clínico de cada persona, será evaluada por un médico y un psicólogo, se brindará una atención integral y al final se procederá con la esterilización”, especificó. El diputado también sugirió la posibilidad de modificar el artículo referente a la esterilización obligatoria cuando la comisión legislativa examine el proyecto.
El artículo 15 de la propuesta indica que la obligatoriedad podría aplicarse “bajo control judicial”, argumentando que los recién nacidos podrían ser “inmersos para trata y tráfico”.
La comunicadora y activista feminista Patricia Flores calificó la iniciativa como “inaceptable, discriminatoria y atentatoria contra la vida humana”. “Está proponiendo lo que en un momento la humanidad catalogó como una especie de limpieza étnica porque él está pensando en dirigir su atención a mujeres indígenas en situación de calle y extrema pobreza, personas que no valen como futuros ciudadanos”, aseveró Flores.
La activista sostuvo además que, en lugar de recurrir a este tipo de medidas, el Estado debería invertir mayores esfuerzos y recursos para prevenir que las personas terminen viviendo en condiciones de pobreza extrema.
La Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron “su más profundo rechazo y preocupación” por la propuesta. “La institución defensorial recuerda que la esterilización forzada constituye una grave violación de los derechos humanos y vulnera, entre otros, los derechos a la dignidad, la integridad personal, la libertad, la vida privada y familiar, la igualdad, la salud y los derechos sexuales y reproductivos”, subraya el documento.
Las organizaciones también recordaron que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las decisiones sobre el propio cuerpo y la salud reproductiva corresponden exclusivamente a cada mujer y no pueden ser objeto de coerción.
La Defensoría y las organizaciones instaron al Legislativo y a las demás autoridades del Estado a actuar dentro del marco de la Constitución boliviana y a descartar cualquier propuesta que vulnere la dignidad humana mediante la esterilización obligatoria.
