Amazon está siendo demandada colectivamente en Estados Unidos por cuatro extrabajadoras de almacenes que alegan haber sufrido penalizaciones o despidos tras solicitar adaptaciones por sus embarazos. La denuncia, presentada en un tribunal federal de Brooklyn, busca representar a trabajadoras embarazadas de Amazon a nivel nacional, señalando que la empresa negó o dificultó medidas básicas, poniendo en tela de juicio las políticas de la compañía frente a las obligaciones legales.
Amazon se enfrenta a una acción legal colectiva en Estados Unidos, la cual pone en duda la gestión de la compañía respecto a las necesidades de sus colaboradoras en estado de gestación. Cuatro antiguas empleadas de centros de distribución afirman haber sido sancionadas o despedidas después de solicitar ajustes relacionados con sus embarazos. La querella fue interpuesta ante un tribunal federal en Brooklyn y pretende abarcar a todas las trabajadoras embarazadas de Amazon en el país.
Las demandantes argumentan que la corporación les denegó o complicó el acceso a medidas que consideran fundamentales, como la posibilidad de sentarse durante su turno, tener pausas adicionales para el baño o hidratarse, limitar el levantamiento de cargas pesadas y ausentarse para consultas prenatales. Este litigio pone de manifiesto la tensión entre las exigencias de productividad de los grandes almacenes y las responsabilidades legales de los empleadores hacia las empleadas embarazadas.
Una de las denunciantes, Jennifer Hatch, sostiene que Amazon rechazó las recomendaciones médicas para asignarle funciones menos extenuantes y, posteriormente, terminó su vínculo laboral por supuestas infracciones de asistencia, luego de que ella tuviera que acudir a un hospital. Otra demandante, Willamina Barclay, declara que fue despedida después de una emergencia médica vinculada a su embarazo. Estas son las acusaciones contenidas en la demanda y serán analizadas durante el proceso judicial.
El reclamo se basa en la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas (Pregnant Workers Fairness Act), una legislación federal aprobada en 2022 y vigente desde junio de 2023. Esta ley exige a ciertos empleadores ofrecer adaptaciones razonables a trabajadoras con limitaciones relacionadas con el embarazo, el parto o condiciones médicas asociadas, a menos que tal medida represente una dificultad excesiva para la empresa. La normativa considera, entre otras posibilidades, modificaciones razonables en las condiciones de trabajo cuando sean necesarias debido al embarazo. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) es el organismo federal encargado de asegurar el cumplimiento de estas disposiciones.
La compañía niega que las experiencias descritas por las demandantes representen su política general. Amazon afirmó que durante el último año aprobó más del 99.9 % de las solicitudes de adaptaciones relacionadas con el embarazo, y su portavoz, Kelly Nantel, sostuvo que los relatos incluidos en la demanda contienen inexactitudes y omiten elementos relevantes. Sin embargo, este caso no es un hecho aislado.
Amazon ya ha enfrentado investigaciones y cuestionamientos sobre el trato a trabajadores que solicitan adaptaciones laborales, incluyendo actuaciones de autoridades estatales y señalamientos ante organismos federales. En una investigación del Senado estadounidense también se documentaron previamente testimonios de trabajadoras embarazadas que denunciaron dificultades para obtener adaptaciones, exigencias de documentación médica y asignaciones de tareas físicamente incompatibles con sus condiciones.
La demanda actual solicita compensaciones económicas, incluyendo salarios y beneficios no percibidos, además de posibles daños punitivos y cambios en las prácticas de la compañía.
