El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha declarado el cese de los procesos de diálogo con organizaciones criminales y terroristas, heredados de la administración previa. Argumenta que estos grupos se fortalecieron durante los últimos cuatro años mientras el Estado invertía en negociaciones. Su mensaje es claro: las bandas deben someterse a la justicia o enfrentar el poder legítimo del Estado.
El mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, ha comunicado la finalización de las mesas de negociación y los espacios de índole legal con grupos delictivos y terroristas, los cuales, según sus palabras, fueron recibidos del gobierno anterior. El presidente afirmó que en los últimos cuatro años estas estructuras se robustecieron, mientras el país destinaba fondos a dichas conversaciones. “La directriz es clara: acatamiento a la ley o enfrentar la totalidad de la capacidad legítima de la República”, manifestó.
Según el presidente, en los cuatro años previos se asignaron más de 7.000 millones de pesos colombianos para cubrir los honorarios de portavoces, delegados y mediadores vinculados a estos procesos. Simultáneamente, las organizaciones delictivas continuaban sus operaciones y desafiaban a las autoridades.
“La supuesta paz ha terminado”, declaró el jefe de estado, quien aseguró que durante su primer mes en el cargo cumplió su promesa de clausurar estas iniciativas. El mandatario sostuvo que, bajo su administración, los miembros de organizaciones criminales no gozarán de reconocimiento político, consideraciones especiales ni falta de castigo, presentando la entrega a la justicia como la única opción.
El presidente también defendió una estrategia de seguridad fundamentada en la autoridad y la aplicación de la ley, al estimar que la tranquilidad no puede lograrse mediante concesiones a las organizaciones delictivas. “La verdadera tranquilidad se edifica con seguridad, autoridad y justicia, no doblegando al Estado ante los delincuentes”, afirmó. Este anuncio representa un cambio en la política hacia las estructuras armadas y criminales que habían participado en procesos de diálogo durante la gestión anterior.
