El embajador de Rusia en el país, Alexey Victorovich Seredin, ha rechazado enfáticamente las denuncias sobre el supuesto reclutamiento engañoso de ciudadanos dominicanos para las fuerzas armadas rusas. Seredin calificó estas acusaciones de "calumnias" y "difamaciones", y cuestionó la validez de un informe de la ONU que documenta tales prácticas. El diplomático aseguró que su nación está comprometida a colaborar con la República Dominicana para esclarecer la situación de los dominicanos presuntamente involucrados.
El representante de la diplomacia rusa, Alexey Victorovich Seredin, se opuso a los señalamientos contra su país relativos a la presunta captación fraudulenta de ciudadanos dominicanos con el fin de unirlos a las Fuerzas Armadas de Rusia y enviarlos a luchar en el conflicto bélico contra Ucrania. «No vamos a admitir ciertas falsedades y difamaciones respecto a mi nación», manifestó Seredin al referirse a la información que circula sobre la condición de los ciudadanos dominicanos. El diplomático, además, puso en tela de juicio las conclusiones de un reporte de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que registra la captación de forasteros mediante engaños o coerción para su incorporación al servicio militar ruso.
«Esta información integra el informe de una comisión internacional independiente, así denominada, pero no reconocemos el mandato de esta comisión independiente, la cual consideramos que se basa en datos totalmente incorrectos. Por lo tanto, es necesario verificar», declaró. Estas acusaciones también han sido abordadas por el programa N Investiga, conducido por la periodista Nuria Piera, a través de reportajes que presentan testimonios de dominicanos atraídos por supuestas ofertas laborales, así como denuncias de familiares preocupados por el paradero de sus seres queridos. Seredin afirmó que las autoridades rusas están dispuestas a cooperar con la República Dominicana para dilucidar el caso y explicó que la Embajada recibió, por medio de la Cancillería dominicana, una lista de individuos que supuestamente se encuentran en territorio ruso bajo esas circunstancias.
Según indicó, la documentación fue remitida a Moscú, donde los órganos competentes la están analizando. El representante diplomático detalló que la información disponible en la Embajada identifica a 20 dominicanos, aunque admitió que la cifra podría ser mayor debido a otros datos que habría presentado una delegación dominicana durante una visita reciente a Moscú. «Rusia, nosotros somos los primeros que deseamos aclarar este asunto», sostuvo. Añadió que, una vez recibida la contestación de las autoridades rusas, esta será comunicada tanto a las autoridades dominicanas como a los parientes de los involucrados, quienes están inquietos por su estado. El diplomático reiteró que la información debe ser verificada mediante documentos y solicitó esperar los resultados de las indagaciones antes de establecer conclusiones sobre las circunstancias en las que los ciudadanos dominicanos llegaron a Rusia.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, de la ONU, documentó métodos de captación de extranjeros, incluyendo a dominicanos, colombianos y peruanos, a través de supuestas ofertas de empleo fraudulentas y otras formas de coacción para integrarlos a las Fuerzas Armadas rusas y enviarlos a combatir en Ucrania. El informe, identificado como A/81/440 y fechado el 19 de octubre de 2026, indica que ciudadanos de esos países recibían instrucciones de agencias de reclutamiento para viajar sin visado y utilizar documentación que presentaba sus desplazamientos como travesías turísticas a Turquía o Rusia, aunque formaban parte de sistemas de captación para el servicio militar. El documento, presentado ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, examinó la captación de ciudadanos provenientes de 48 naciones e identificó pruebas de reclutamiento mediante engaño o coerción en 29 países. Entre las naciones mencionadas figuran República Dominicana, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras y Perú.
La comisión atribuyó a las redes de intermediarios y a las estructuras implicadas en el reclutamiento prácticas de trata de personas destinadas a incorporar extranjeros a las fuerzas militares mediante falsas oportunidades laborales, traslados internacionales y contratos suscritos bajo presión. Uno de los hallazgos relacionados con República Dominicana aparece en el párrafo 49, página 11 del informe, donde los investigadores describen la forma en que las agencias organizaban los traslados de los ciudadanos captados. Según el documento, los intermediarios gestionaban boletos aéreos, visados, alojamientos y otros trámites necesarios para desplazar a los extranjeros hacia territorio ruso. En el caso de los dominicanos, junto con ciudadanos colombianos y peruanos, los investigadores encontraron que las agencias les indicaban viajar sin visado y utilizar documentación que presentaba el desplazamiento como un viaje turístico a Turquía o Rusia. Los vuelos podían incluir escalas en países como Brasil, México, Panamá, España, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, entre otros destinos. Las agencias involucradas se presentaban frecuentemente como empresas legítimas de viajes, turismo o contratación laboral. Algunas incluso aseguraban contar con respaldo gubernamental. Los investigadores también identificaron un alto grado de coordinación entre los intermediarios que operaban en los países de origen, los agentes encargados de los traslados y las autoridades rusas que recibían a los extranjeros.
Una vez en Rusia, los extranjeros eran conducidos a alojamientos temporales y posteriormente entregados a estructuras militares. De acuerdo con la comisión, muchos eran forzados a firmar contratos con el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia que establecían un compromiso de servicio militar por un año. Los documentos estaban redactados exclusivamente en ruso, idioma que la mayoría de los afectados no comprendía. Los investigadores señalaron que, en numerosos casos, a los reclutados les eran confiscados sus teléfonos celulares, pasaportes y licencias de conducir, lo que dificultaba su comunicación con familiares y limitaba sus posibilidades de escape. La comisión obtuvo copias de contratos con un formato idéntico, sin importar el país de procedencia de los reclutados. Los testimonios también describen amenazas de muerte contra quienes se negaban a firmar. Uno de los afectados relató que fue llevado a un lugar donde presenció cómo disparaban contra cuatro ciudadanos rusos. Posteriormente, según su testimonio, le advirtieron que él sería el siguiente si no aceptaba incorporarse al servicio militar. Otros denunciaron que permanecían vigilados en instalaciones militares y que intentar escapar podía costarles la vida.
Las prácticas de captación también habían sido denunciadas por el programa N Investiga, conducido por la periodista Nuria Piera, mediante una serie de reportajes sobre dominicanos que aseguraron haber viajado a Rusia atraídos por falsas ofertas laborales y que posteriormente quedaron vinculados a contratos militares. En la tercera entrega de su investigación, el programa tuvo acceso a un contrato militar redactado en ruso que permitió examinar las obligaciones y consecuencias que enfrentaban los ciudadanos incorporados a las Fuerzas Armadas de ese país. El documento analizado estaba vinculado a la Orden número 625 del Ministerio de Defensa ruso, del 18 de septiembre de 2023, y establecía un compromiso de servicio por un año. Entre las obligaciones figuraban cumplir las normas militares, prestar juramento y servir a la Federación de Rusia. El contrato también contemplaba el reembolso de recursos destinados a la formación militar en determinadas circunstancias de salida anticipada, aunque el espacio correspondiente al monto de esa deuda aparecía en blanco. Durante el reportaje, el abogado Juan José Eusebio, especialista en Seguridad y Defensa Nacional, explicó que abandonar el servicio podía implicar consecuencias penales conforme a la legislación rusa, con posibles penas de entre cinco y 20 años de prisión por deserción, dependiendo de las circunstancias. La investigación periodística también tuvo acceso a una grabación atribuida a un integrante de la estructura de reclutamiento, así como a testimonios de familiares que denunciaban dificultades para comunicarse con los dominicanos que permanecían en Rusia.
Entre los casos expuestos por N Investiga figuró el de Jesús Campusano, un trabajador de 52 años de Bajos de Haina que viajó a Rusia después de responder a una oferta de empleo civil difundida a través de Facebook. Sus familiares denunciaron que posteriormente quedó vinculado a un contrato militar, pese a que su viaje había sido motivado por una oportunidad de trabajo. Los testimonios recogidos por el programa también describieron contratos redactados en ruso, amenazas contra quienes intentaban abandonar el servicio y la preocupación de familiares que desconocían el paradero de sus seres queridos. En otra investigación, cuatro jóvenes dominicanos contactaron directamente al equipo de N Investiga para denunciar que habían escapado de sus presuntos reclutadores y acudieron a la Embajada de República Dominicana en Rusia en busca de protección. Los afectados aseguraron que nunca habían firmado contratos para incorporarse formalmente a las Fuerzas Armadas rusas y que temían ser enviados al frente de combate. Según sus testimonios, incluso después de recibir asistencia diplomática continuaban recibiendo amenazas de muerte a través de mensajes de WhatsApp. Los jóvenes afirmaron que las personas que presuntamente los reclutaron aseguraban conocer su ubicación y los números de las habitaciones del hotel donde estaban hospedados. También denunciaron que les exigían 10,000 dólares por persona, pese a que aseguraban no haber suscrito compromisos militares. Los afectados explicaron que inicialmente eran cinco los dominicanos involucrados, pero únicamente cuatro lograron ponerse bajo protección de las autoridades diplomáticas. Del quinto aseguraron desconocer su paradero. Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) informó que había gestionado los boletos aéreos para facilitar el retorno de los cuatro ciudadanos, quienes emprendieron su viaje de regreso a República Dominicana. No obstante, la versión oficial de la Cancillería difirió de las denuncias de los jóvenes respecto a las amenazas, al sostener que permanecieron protegidos durante la asistencia diplomática. Aunque la comisión de Naciones Unidas no identifica públicamente a estos cuatro dominicanos entre los casos individuales examinados, los mecanismos de presión, las amenazas y las prácticas de reclutamiento descritas en el informe guardan similitudes con las denuncias difundidas por N Investiga.
El informe internacional también señala que muchos extranjeros reclutados carecían de experiencia militar y recibían una preparación extremadamente limitada antes de ser enviados a las zonas de combate. Según los investigadores, los entrenamientos podían durar desde apenas 20 minutos hasta un mes. Posteriormente, los reclutados eran enviados al frente de guerra en Ucrania, donde debían cavar trincheras, asegurar territorios, transportar alimentos y agua, recuperar cadáveres y participar en operaciones de asalto. La comisión documentó castigos, golpes, amenazas de muerte y vigilancia mediante drones para impedir que algunos soldados retrocedieran durante las operaciones. Numerosos extranjeros murieron, desaparecieron, resultaron heridos o fueron capturados poco después de su despliegue. El documento también recoge denuncias de familiares que perdieron comunicación con sus seres queridos y que, en algunos casos, se enteraron de sus muertes a través de redes sociales o de otros combatientes. La investigación identificó además un componente económico en las redes de captación. Según el informe, algunos intermediarios exigían a los reclutados comisiones de entre 400 y 8,000 dólares para cubrir supuestos gastos de traslado y documentación. Estos montos podían cobrarse antes del viaje o descontarse de los salarios prometidos. Una vez incorporados a las estructuras militares, algunos extranjeros denunciaron que nunca recibieron sus pagos, que sus salarios fueron retenidos o que se realizaron retiros bancarios sin su autorización. En determinadas situaciones, los intermediarios o miembros del personal militar confiscaban las tarjetas bancarias de los reclutados o conservaban otra tarjeta con acceso a sus cuentas. Para sustentar sus hallazgos, la comisión reunió 245 testimonios relacionados con los reclutados, sus familiares, representantes legales, autoridades, investigadores y periodistas. También examinó boletos aéreos, itinerarios de viaje, visados, cartas de invitación, reservas de hoteles y contratos del Ministerio de Defensa ruso.
Las conclusiones de la comisión internacional cobran relevancia frente a las explicaciones ofrecidas por la Cancillería dominicana sobre los contratos militares de ciudadanos identificados por sus familiares. En una comunicación divulgada en octubre, el canciller Víctor Bisonó sostuvo que los contratos correspondientes a los casos conocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores habían sido firmados voluntariamente y estaban redactados tanto en español como en ruso. El funcionario explicó que esas relaciones contractuales imponían condiciones y limitaciones a las gestiones que podía realizar el Estado dominicano para procurar el regreso de sus ciudadanos. Sin embargo, el informe de Naciones Unidas establece que, entre los casos investigados, existieron contratos firmados bajo engaño o coacción, sin que los afectados comprendieran el idioma ni las obligaciones militares que asumían. Aunque el documento internacional no permite determinar si examinó los mismos contratos remitidos por la Cancillería dominicana, sus conclusiones plantean interrogantes sobre las circunstancias en que ciudadanos extranjeros aceptaron incorporarse al Ejército ruso. La comisión también precisa que la firma de un contrato militar no elimina automáticamente la condición de víctima de trata cuando la incorporación se produjo mediante engaño, amenazas o abuso de vulnerabilidad.
Tras evaluar las evidencias, la comisión concluyó que se produjeron prácticas de trata de personas y otras violaciones de derechos humanos mediante el reclutamiento de extranjeros para combatir en Ucrania. En consecuencia, recomendó a Rusia poner fin a estas prácticas y desvincular inmediatamente del servicio militar a los extranjeros identificados como víctimas de trata, garantizando su protección y asistencia. También exhortó a los países de origen, incluida República Dominicana, a investigar y procesar a los responsables de estas redes, desarrollar campañas de prevención y colaborar para lograr el retorno de sus ciudadanos. Asimismo, explicó que los extranjeros incorporados formalmente a las Fuerzas Armadas rusas bajo estas circunstancias no deben ser considerados mercenarios y que, en caso de captura, les corresponden las protecciones establecidas para los prisioneros de guerra en los Convenios de Ginebra. Mientras tanto, Seredin reiteró que las autoridades rusas están dispuestas a colaborar con la República Dominicana y pidió esperar los resultados de las verificaciones para esclarecer el caso. La Embajada mantiene como referencia inicial la cifra de 20 dominicanos, aunque el diplomático no descartó que el número sea mayor.
