Pro Consumidor Reporta Estabilidad en el Precio del Pollo, Mientras Avicultores Alertan Sobre Baja Rentabilidad en Granjas

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La Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor ha informado que el costo por libra de pollo se mantiene constante en el mercado dominicano, asegurando un suministro suficiente para la temporada navideña. Sin embargo, los avicultores de pequeña y mediana escala expresan preocupación por los precios reducidos que reciben por sus aves, lo que pone en riesgo la viabilidad económica de sus operaciones. Esta situación ha generado un debate sobre la sostenibilidad del sector avícola frente a la estabilidad del precio final al consumidor.

SANTO DOMINGO. – Mientras la entidad Pro Consumidor garantiza que el valor de una libra de pollo se sitúa entre RD$79 y RD$84, y que el país cuenta con una producción adecuada para las festividades decembrinas, los criadores de aves de corral de menor y mediano tamaño señalan que los escasos montos que les pagan por sus animales comprometen la viabilidad financiera de sus explotaciones.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, manifestó que el costo para los compradores ha permanecido sin variaciones durante los últimos diez meses y descartó la entrada masiva de pollo importado durante el año 2026. Según sus explicaciones, las autoridades han disminuido la emisión de permisos para la importación de carne blanca y disponen de suficiente producción a nivel nacional para satisfacer la demanda de diciembre.

Sin embargo, la Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Productores Avícolas (Anavip) sostiene que el exceso de producción y las importaciones ejercen presión sobre los precios que perciben los productores, al punto de amenazar la continuidad de numerosas granjas. La organización solicitó al presidente Luis Abinader la intervención gubernamental y la creación de una comisión para evaluar la situación y proponer estrategias de apoyo.

La discrepancia entre ambas perspectivas radica en los valores observados en diferentes eslabones de la cadena de suministro. Mientras los compradores finales desembolsan entre RD$79 y RD$84 por libra, diversas acusaciones de la oposición sitúan el precio recibido por ciertos productores entre RD$30 y RD$31.50, frente a costos de producción estimados entre RD$40.50 y RD$41.50. De confirmarse estos valores para los casos mencionados, la disparidad implicaría pérdidas para los avicultores; no obstante, estas cifras no constituyen una evaluación independiente de los gastos y precios de todo el sector.

La discusión también abarca las importaciones. Aunque Alcántara niega una entrada considerable de pollo extranjero, representantes del gremio avícola han advertido sobre el efecto que una oferta adicional podría tener en la comercialización de la producción doméstica. El presidente de la Asociación Dominicana de Avicultura, Pavel Concepción, ha resaltado la necesidad de planificar las importaciones considerando los volúmenes que generan las granjas locales.

Ante este panorama, Anavip entregó una comunicación al ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, en la que solicitó la formación de una comisión integrada por el asesor avícola del Poder Ejecutivo y miembros de la asociación. El gremio, que congrega a más de 300 integrantes, también denunció que las medidas de respaldo previas no habrían beneficiado de forma efectiva a los productores de pequeña y mediana escala.

La coyuntura pone de manifiesto dos aspectos distintos: la estabilidad del precio para los consumidores y la rentabilidad de quienes crían el pollo. Que el producto se mantenga disponible y a un costo relativamente constante en los comercios no demuestra, por sí mismo, que las granjas estén obteniendo ganancias; de igual modo, las quejas sobre pérdidas necesitan ser contrastadas con datos de costos, precios en origen, existencias e importaciones efectivamente realizadas. Mientras Pro Consumidor transmite calma respecto al abastecimiento para la Navidad, Anavip demanda acciones que permitan sostener la producción nacional y evitar el cierre de explotaciones. El desafío para las autoridades consiste en abordar ambas preocupaciones: proteger al consumidor de incrementos repentinos y evitar que los productores se vean forzados a vender por debajo de sus gastos de producción.