El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha decidido postergar la revisión de la solicitud de cambio de medida de coerción para Emmanuel Rivera Ledesma, implicado en el caso Indisarq, optando por tratarla junto al fondo del juicio. Esta determinación responde a la necesidad de que todas las partes involucradas dispongan del tiempo necesario para analizar la petición y formular sus argumentos. Los acusados enfrentan cargos graves, incluyendo estafa y lavado de activos, con un perjuicio económico significativo para las víctimas.
En Santo Domingo, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aceptó la petición presentada por los abogados de las partes acusadoras y estableció que la solicitud de modificación de la medida de coerción del imputado Emmanuel Rivera Ledesma se analizará en conjunto con el expediente del juicio principal. La magistrada consideró que todos los intervinientes poseen el derecho a conocer adecuadamente la petición y a preparar sus alegatos antes de que se tome una decisión.
Las indagaciones de este caso surgieron a partir de un informe elaborado por N Investiga, de Nuria Piera. Los señalados en el caso Nido o Indisarq son procesados por estafa, falsificación de documentos, conformación de una asociación ilícita y blanqueo de capitales, en una supuesta infracción de los artículos 59, 60, 147, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano.
Además de Emmanuel Rivera Ledesma, se encuentran como coimputados Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera, junto con las compañías Indisarq, SRL, y CRD Equipos Pesados, SRL, entre otros.
La investigación apunta a que la red utilizaba las empresas Indisarq, SRL, y CRD Equipos Pesados, SRL, como herramientas para llevar a cabo los fraudes, ofreciendo propiedades inexistentes en supuestos proyectos inmobiliarios. Asimismo, se constató que ambas entidades incumplieron sus obligaciones fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), lo que constituye una presunta evasión tributaria.
Según la acusación, el daño económico causado a las víctimas supera los RD$235 millones y los US$10 millones, fondos que, de acuerdo con el Ministerio Público, deberán ser compensados a favor de los afectados. Durante la fase preparatoria, el Ministerio Público logró confiscar bienes muebles e inmuebles adquiridos, supuestamente, con el dinero entregado por las víctimas, incluyendo casas, apartamentos, vehículos y maquinaria pesada. Además, se determinó que una parte de esos recursos fue empleada para cubrir gastos personales de los acusados.
La organización fue desarticulada tras 25 allanamientos efectuados en las provincias de San Cristóbal, Dajabón, Espaillat y Sánchez Ramírez, así como en el Distrito Nacional, donde se incautaron numerosas propiedades y otros bienes pertenecientes a los imputados, quienes, según el expediente, mantenían un estilo de vida suntuoso financiado con el dinero obtenido mediante el presunto esquema fraudulento.
Entre las pruebas recabadas, el Ministerio Público sostiene que Emmanuel Rivera Ledesma, identificado como el líder de la supuesta red, utilizaba los nombres de figuras públicas para ganarse la confianza de las víctimas, sin tener ninguna conexión con esas personalidades. Además, la acusación señala que, tras el inicio de las investigaciones, el principal imputado intentó convencer a las víctimas de no presentar o retirar las querellas en su contra mediante la firma de nuevos contratos presuntamente fraudulentos, con el propósito de evitar enfrentar cargos penales y obstaculizar el proceso judicial.
