Estados Unidos ha sancionado a Tomoko Akane, la actual presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), en una escalada de medidas contra el tribunal con sede en La Haya. Esta acción, formalizada por el Departamento del Tesoro, bloquea los activos de Akane bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe transacciones con ella, reflejando las crecientes tensiones entre Washington y la CPI por sus investigaciones y decisiones.
Estados Unidos aplicó sanciones este martes a Tomoko Akane, la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), intensificando así las acciones previamente tomadas por la administración de Donald Trump contra el tribunal establecido en La Haya. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro formalizó esta decisión, incluyendo también al funcionario Abdoulaye Seye entre los sancionados. Estas medidas implican la congelación de los bienes y participaciones económicas que Akane pueda poseer bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Adicionalmente, individuos y entidades estadounidenses tienen prohibido, en términos generales, llevar a cabo operaciones con los afectados, a menos que exista una autorización específica del Gobierno.
El Departamento del Tesoro estableció, al mismo tiempo, un plazo limitado para finalizar ciertas operaciones relacionadas con Akane y Seye. La licencia general emitida este martes permite realizar las transacciones necesarias para liquidar negocios vinculados con ambos hasta las 12:01 de la mañana del 17 de septiembre de 2026. Cualquier abono dirigido a una persona bloqueada deberá ser depositado en una cuenta restringida que genere intereses dentro de Estados Unidos. El documento de la OFAC especifica que la autorización no permite llevar a cabo operaciones con otras personas sancionadas bajo el mismo régimen. Las restricciones también abarcan a las empresas en las que Akane o Seye posean, de manera directa o indirecta, al menos un 50 % de participación.
Esta disposición surge en medio de las tensiones entre Washington y la Corte Penal Internacional respecto al alcance de las investigaciones y los veredictos del tribunal. La CPI fue establecida mediante el Estatuto de Roma y comenzó a operar en 2002 con el propósito de juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando se cumplen las condiciones estipuladas en su marco legal. Estados Unidos no es signatario del Estatuto de Roma. No obstante, la competencia de la CPI puede extenderse a ciertos crímenes perpetrados en territorios de naciones que reconocen la jurisdicción del tribunal, incluso si los presuntos responsables son ciudadanos de Estados que no forman parte de la institución.
Washington ha mantenido durante años una postura crítica frente a algunas actuaciones de la corte. La administración Trump ha cuestionado tanto las investigaciones que involucran a ciudadanos estadounidenses como las determinaciones relacionadas con Israel. Las fricciones se intensificaron después de que la CPI emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant. Estados Unidos considera que esas acciones exceden las facultades del tribunal y ha respondido con sanciones dirigidas a funcionarios de la institución.
El Gobierno estadounidense también ha manifestado su intención de aumentar la presión internacional sobre la CPI. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó recientemente que Washington buscaría impulsar una campaña diplomática para persuadir a otros países de abandonar el organismo. Las medidas adoptadas durante el último año también han afectado a jueces de la corte. Tres magistrados impugnaron las sanciones ante tribunales estadounidenses, argumentando que las disposiciones de la administración Trump eran ilegales. La inclusión de Akane, la máxima autoridad judicial de la CPI, eleva el nivel del enfrentamiento entre Washington y el tribunal, al impactar directamente a quien ostenta la presidencia del organismo encargado de administrar el funcionamiento de la corte.
