República Dominicana ha implementado avances en la gestión de desastres, pero persiste la preocupación sobre qué sucedería si un terremoto impactara zonas urbanas con alta densidad, calles estrechas y edificaciones de vulnerabilidad incierta. La dificultad principal no solo radica en los daños a las construcciones, sino en la capacidad de los equipos de emergencia para acceder y rescatar a personas atrapadas, abrir vías y ejecutar operaciones en estos entornos complejos. Este escenario subraya la urgencia de una planificación urbana integral que aborde tanto las construcciones futuras como las existentes.
La República Dominicana ha progresado en sus sistemas de alerta, normativas y respuesta ante catástrofes. Sin embargo, una interrogante crucial se mantiene abierta frente a la posibilidad de un temblor: ¿qué pasaría si un movimiento telúrico de gran intensidad afectara áreas urbanas con miles de viviendas adyacentes, vías estrechas, alta concentración de habitantes, escasos espacios públicos y construcciones cuya condición estructural no siempre está documentada? En el Distrito Nacional, Santiago, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y una porción de Santo Domingo Este, por ejemplo, hay barrios donde las casas se han edificado muy próximas unas a otras, incluso cerca de cañadas, condiciones que podrían entorpecer las labores de salvamento. El reto para las autoridades no es solo verificar si las nuevas edificaciones cumplen con los permisos. También implica considerar qué hacer con las miles de viviendas ya existentes bajo circunstancias que podrían incrementar su fragilidad, ya sea por la inestabilidad del terreno, la cercanía entre estructuras o el tipo de construcción. El inconveniente no sería únicamente el número de construcciones dañadas, sino si los equipos de auxilio lograrían llegar hasta las personas atrapadas, despejar vías de acceso y llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate en territorios urbanos con alta ocupación.
EL RIESGO COMIENZA ANTES DEL TERREMOTO
La República Dominicana no parte de cero ante la amenaza sísmica. El país cuenta con normativas de diseño, organismos técnicos, sistemas de vigilancia, mecanismos de respuesta y herramientas para la evaluación del peligro. El Código de Construcción de la República Dominicana establece requisitos específicos para el diseño sísmico de edificaciones, incluyendo disposiciones para que las estructuras soporten las cargas laterales generadas por los movimientos sísmicos y para que sus cimientos resistan las fuerzas producidas por esos movimientos. El Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico también define criterios para determinar las fuerzas sísmicas y considera la evaluación de la vulnerabilidad de edificaciones existentes al ser modificadas, ampliadas, intervenidas o rehabilitadas. No obstante, el desafío también se presenta en las edificaciones levantadas sin controles técnicos adecuados y en aquellas construidas sin la participación de especialistas, una preocupación señalada por expertos en estructuras. En julio de 2026, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo advirtió que la República Dominicana enfrenta un riesgo sísmico considerable y exhortó a fortalecer la calidad de las construcciones, la supervisión técnica, la preparación ciudadana y la protección financiera ante un posible terremoto de gran magnitud. El INTEC relacionó esa inquietud con el prolongado silencio sísmico de la Falla Septentrional, que, según especialistas de esa institución, acumula cerca de ocho décadas sin generar un gran terremoto. Esto no significa que se pueda predecir cuándo ocurrirá un temblor. Significa que el riesgo existe y que la preparación debe considerar tanto el fenómeno natural como las condiciones actuales en las ciudades.
UNA CIUDAD DENSAMENTE OCUPADA
Los datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 permiten dimensionar una parte del problema. El Distrito Nacional tiene una extensión de aproximadamente 91 kilómetros cuadrados y una población de 1,029,110 habitantes, lo que equivale a una densidad de 11,281 habitantes por kilómetro cuadrado, según la Oficina Nacional de Estadística. Esta concentración poblacional no representa por sí misma una vulnerabilidad. Una ciudad densa puede ser segura si posee edificaciones robustas, vías adecuadas, infraestructura preparada, zonas de evacuación, servicios de emergencia suficientes y una planificación urbana efectiva.
EL PROBLEMA APARECE CUANDO LA DENSIDAD SE COMBINA CON OTROS FACTORES.
El análisis de Amenazas y Riesgos en República Dominicana identifica precisamente esa combinación. En el Distrito Nacional, La Zurza, San Diego y Domingo Sabio muestran niveles muy altos de agravamiento, asociados a condiciones como hacinamiento, marginalidad y escasez de espacios públicos. El documento señala, además, que para la mayoría de los barrios analizados, el hacinamiento y la ausencia de áreas de parques o espacios públicos figuran entre los principales elementos que incrementan el riesgo, dado que esos lugares podrían utilizarse potencialmente durante la respuesta a un desastre. Herrera es un área con gran cantidad de viviendas ubicadas en sitios vulnerables, muchas de ellas construidas sin dejar suficiente espacio para el acceso, al punto de que algunas zonas solo permiten el paso peatonal, situación que se evidencia en las imágenes. Si una parte de estas viviendas sufriera daños estructurales durante un sismo, ¿por dónde ingresarían los equipos de rescate? La pregunta y el reportaje no acusan a quienes residen allí. Más bien, constituyen un llamado de alerta a las autoridades para prevenir a tiempo, porque se trata de un problema relacionado con la planificación urbana y la capacidad de respuesta.
EL RIESGO TAMBIÉN ESTÁ DEBAJO DE LAS CONSTRUCCIONES
La amenaza tampoco se limita al movimiento de las edificaciones. La República Dominicana se encuentra en un entorno tectónico activo vinculado a la interacción entre las placas Norteamericana y Caribeña. Este contexto está relacionado con varias fallas sísmicas activas del territorio, entre ellas las fallas Septentrional y Enriquillo-Plantain Garden. La historia demuestra que los terremotos capaces de producir grandes daños no forman parte de un escenario imaginario. El Servicio Geológico Nacional documenta que el terremoto del 4 de agosto de 1946 alcanzó una magnitud de 8.1, tuvo su epicentro a unos 65 kilómetros de la costa noreste dominicana y causó severos daños en distintas provincias. El fenómeno también generó un tsunami y dejó comunidades incomunicadas debido a los daños en viviendas, puentes y carreteras. La lección resulta fundamental para la tesis: un desastre no termina en el edificio que se desploma. Puede afectar simultáneamente calles, puentes, redes de servicios, comunicaciones y rutas de acceso. La experiencia internacional confirma esa dimensión. El Servicio Geológico de Estados Unidos documentó que el terremoto de Loma Prieta, ocurrido en California en 1989, afectó calles urbanas, carreteras, puentes, túneles y otras estructuras del sistema vial. También registró alteraciones significativas en el transporte y dificultades para las operaciones de emergencia.
EL SEGUNDO PROBLEMA PUEDE SER LLEGAR
En República Dominicana existe una diferencia entre tener capacidad de alerta y contar con capacidad efectiva de rescate en cada territorio. Una alerta puede advertir sobre un peligro, un protocolo puede establecer qué hacer y un sistema de emergencia puede recibir una llamada. Pero ninguna de esas herramientas elimina por sí sola una calle bloqueada por escombros, una vivienda colapsada sobre otra, un puente inutilizado o una zona urbana sin espacios suficientes para instalar equipos, ambulancias y centros temporales de atención. La experiencia de otros terremotos muestra que la interrupción de las vías de comunicación puede convertirse en un componente crítico de la emergencia. En Loma Prieta, el Servicio Geológico de Estados Unidos documentó daños en carreteras y estructuras viales, además de problemas relacionados con el transporte y la respuesta de los organismos de emergencia. La reducción del riesgo urbano, por tanto, no depende únicamente de que una edificación pueda resistir el movimiento. También requiere garantizar que los servicios esenciales, las vías y los espacios necesarios para la respuesta puedan mantenerse operativos o recuperarse rápidamente. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres ha señalado que el crecimiento urbano, la exposición de infraestructura, la vulnerabilidad física y las limitaciones de preparación y respuesta son factores que pueden aumentar el riesgo de desastre.
LOS PERMISOS
El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones reportó 1,122 licencias de construcción emitidas entre enero y julio de 2026, en comparación con 605 durante el mismo período de 2025. La cifra también supera las 953 licencias emitidas durante todo 2025, según los datos incorporados a esta investigación. El MIVHED informó, además, que en julio alcanzó 201 licencias de construcción en un solo mes. El aumento de las licencias constituye un indicador importante de la capacidad institucional para procesar nuevos proyectos. Pero plantea otra pregunta periodística que todavía necesita ser respondida con datos: ¿qué ocurre con las edificaciones que ya existen? No basta con contar cuántas licencias se emiten actualmente. Hay que conocer cuántas edificaciones existentes fueron levantadas bajo las normas vigentes, cuántas fueron modificadas posteriormente, cuántas han sido evaluadas estructuralmente y cuántas presentan condiciones que podrían aumentar su vulnerabilidad. El propio MIVHED mantiene mecanismos para la habilitación de profesionales y empresas dedicados a la evaluación y el levantamiento estructural de edificaciones existentes, así como para estudios geotécnicos y ensayos de suelos y materiales.
LA CIUDAD QUE YA EXISTE TAMBIÉN NECESITA PREVENCIÓN
El riesgo sísmico debe dejar de analizarse únicamente como una relación entre terremoto y edificio. En ciudades densamente ocupadas debe estudiarse como una cadena de hechos que podrían dificultar las labores de rescate. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres ha advertido que los impactos sociales y económicos de los desastres se concentran cada vez más en centros urbanos debido a la densidad de población, infraestructura y activos expuestos. También plantea la necesidad de utilizar información sobre riesgo para orientar la planificación urbana, las inversiones y las medidas de resiliencia. Para República Dominicana, esto significa que una política moderna de prevención no debería limitarse a construir mejor hacia el futuro. También tendría que responder qué hacer con la ciudad que ya existe. Los académicos coinciden en que el desastre todavía puede reducirse si el país utiliza los datos que ya tiene para identificar dónde se concentran la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad, y convierte esa información en decisiones concretas de construcción, fiscalización, rehabilitación, ordenamiento territorial y rescate. Porque cuando llegue el terremoto, si alguna vez ocurre uno de gran magnitud, ya no habrá tiempo para descubrir dónde están las zonas difíciles de entrar. La ciudad tendrá que haberlo sabido antes.
