La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia ha aplazado hasta el 2 de julio la audiencia de medida de coerción contra Carlos Javiel Sánchez Terrero, un inspector de control migratorio. Se le acusa de solicitar 100 mil pesos dominicanos a una mujer para facilitar su viaje a España desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para el imputado, quien fue detenido durante una entrega controlada del dinero.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia ha reprogramado para el día 2 de julio la sesión judicial donde se evaluará la solicitud de medida de coerción interpuesta por el Ministerio Público. Esta petición se dirige contra un funcionario de control de migraciones, a quien se le imputa el requerimiento de una suma de 100 mil pesos dominicanos a una ciudadana, con el propósito de agilizar su partida hacia el Reino de España desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El Ministerio Público ha solicitado la privación de libertad preventiva para el implicado, Carlos Javiel Sánchez Terrero, quien fue puesto a disposición de la justicia después de su arresto durante una operación de entrega vigilada de dinero, la cual fue previamente autorizada por una magistrada. Las autoridades lo sorprendieron en el momento en que, presuntamente, iba a recibir la dádiva ilícita. La indagación está siendo conducida por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en coordinación con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia. El proceso de investigación ha contado también con la colaboración de diversos equipos operativos de la Dirección General de Migración (DGM).
De igual manera, la entrega supervisada de los fondos fue ejecutada por un grupo especializado en monitoreo y seguimiento, bajo la dirección del Ministerio Público, el cual estuvo representado en la acción por el fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución. En este contexto, la operación se sustentó en el Auto núm. 02535-2026, emitido el 26 de junio de este año 2026, por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
Esta entrega controlada forma parte de las estrategias proactivas implementadas por la actual administración del Ministerio Público para combatir la corrupción y el crimen organizado. Carlos Javiel Sánchez Terrero fue investigado y aprehendido en el instante en que se disponía a recibir el dinero en las afueras de un establecimiento comercial, durante la entrega controlada que fue validada por una decisión judicial.
Al acusado se le imputa la transgresión del artículo 146 de la Constitución de la República Dominicana, (Prohibición de la corrupción), así como los artículos 175 y 177 del Código Penal dominicano (Soborno), el artículo 2 de la Ley núm. 448-06 (Soborno en el Comercio y la Inversión). Adicionalmente, se le imputan los artículos 2.11, 3 y 9.4, de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
