La jueza Sthephanie Reyes ha ordenado 18 meses de prisión preventiva para Héctor Antonio Lora Cruceta y Luisa Yasiris Guzmán de Lora, implicados en la Operación Onco14. Se investiga un presunto desvío de más de RD$148.6 millones, destinados a tratamientos oncológicos en la región Norte. Adicionalmente, se ha declarado el caso como complejo, y Dilcia Isabel Vargas Sánchez recibió arresto domiciliario tras su disposición a colaborar con la investigación.
La magistrada Sthephanie Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, determinó una reclusión preventiva de 18 meses para Héctor Antonio Lora Cruceta y Luisa Yasiris Guzmán de Lora. Asimismo, calificó como complejo el proceso judicial de la Operación Onco14, por la cual el Ministerio Público indaga una supuesta red de corrupción que habría desviado más de 148.6 millones de pesos dominicanos, originalmente asignados para la atención de pacientes con cáncer en la zona Norte del país.
En la misma resolución, el tribunal impuso la medida de arresto domiciliario a Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien fuera vicepresidenta y auditora del Patronato del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC). Esta variación en la solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público se dio tras valorar su disposición a cooperar con la pesquisa.
Pepca subraya la solidez de las evidencias
Al finalizar la audiencia, Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que la decisión judicial representa un reconocimiento a la firmeza del expediente presentado por el organismo acusador. “El tribunal reconoció que la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público era sólida y que aportamos pruebas más que suficientes para establecer el vínculo de los imputados con los hechos investigados”, manifestó.
Ortiz señaló que la jueza aceptó todas las conclusiones presentadas por el Ministerio Público, dictando las mismas medidas solicitadas para Héctor Lora y Luisa Guzmán, mientras que en el caso de Dilcia Vargas, acogió la modificación del requerimiento realizada por los fiscales.
La procuradora aclaró que el Ministerio Público no ha formalizado un acuerdo de colaboración con Dilcia Vargas hasta el momento. Sin embargo, explicó que la institución valora la actitud de los imputados que asumen su responsabilidad y demuestran intención de colaborar con las investigaciones, lo cual influye en la evaluación del riesgo procesal. La procuradora adelantó además que la investigación sigue en curso. “Continuaremos investigando. Habrá más imputados y este caso promete mucho”, aseguró.
Senasa: “El mensaje es que nadie está por encima de la ley”
Los abogados Manuel Conde y Carlos Polanco, miembros del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público y representantes del Estado dominicano y del Seguro Nacional de Salud (Senasa), consideraron la decisión como una demostración de la fortaleza institucional del sistema judicial.
Conde sostuvo que el tribunal valoró la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y el riesgo que los imputados representaban para el avance de la investigación. Explicó que el expediente involucra fondos públicos destinados principalmente a pacientes del régimen subsidiado de Senasa. “Estamos hablando de recursos dirigidos a personas que sufren de cáncer, especialmente de los sectores más vulnerables. El mensaje del Estado dominicano y de Senasa es claro: quien afecte el patrimonio público será perseguido y llevado ante la justicia, sin importar quién sea”, expresó.
Precisó que los 3,754 millones de pesos dominicanos corresponden al monto total desembolsado por Senasa al centro médico entre 2018 y 2025, y que la investigación busca determinar qué porcentaje de esos recursos habría sido desviado mediante prácticas fraudulentas. Entre las maniobras investigadas mencionó la facturación de servicios médicos inexistentes, duplicación de tratamientos, cobros indebidos por medicamentos oncológicos y entrega parcial de fármacos facturados como si hubieran sido suministrados en su totalidad. Agregó que esta etapa procesal es solo el inicio del caso y que las investigaciones permanecen abiertas.
Defensa de Dilcia Vargas confirma colaboración
El abogado Ricardo Reina, representante legal de Dilcia Isabel Vargas Sánchez, confirmó que su clienta seguirá cooperando con el Ministerio Público. Explicó que Vargas, quien desempeñaba funciones contables en el Instituto Oncológico Regional del Cibao, proporcionará toda la información que posea para determinar la magnitud del presunto fraude. “Mi representada seguirá entregando todos los datos que necesita el Ministerio Público para establecer cuánto fue realmente lo sustraído”, indicó.
Defensa de Luisa Guzmán recurrirá la decisión
Por su parte, el abogado Pantaleón Mieses, representante de Luisa Yasiris Guzmán de Lora, anunció que apelará tanto la prisión preventiva como la declaración de caso complejo. Sostuvo que durante la audiencia quedó demostrado que su clienta posee suficiente arraigo y que no participó directamente en la administración del Instituto Oncológico Regional del Cibao. “Entendemos que los 18 meses de prisión preventiva son excesivos. Analizaremos la decisión completa y ejerceremos los recursos correspondientes”, afirmó.
Defensa de Héctor Lora califica la medida de desproporcionada
Mientras tanto, el abogado Juan Francisco Rodríguez Consoró, defensor de Héctor Antonio Lora Cruceta, informó que también recurrirá la decisión judicial. El jurista sostuvo que esperará conocer las motivaciones completas de la resolución antes de presentar la apelación y consideró que la medida estuvo influenciada por la alta exposición pública del caso. “Vamos a examinar cuidadosamente la decisión íntegra para estructurar el recurso de apelación. Entendemos que la medida fue desproporcionada”, expresó.
El expediente
Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Héctor Antonio Lora Cruceta, su esposa Luisa Yasiris Guzmán de Lora y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez lideraban una supuesta estructura que operó entre 2018 y octubre de 2025, utilizando el Instituto Oncológico Regional del Cibao para desviar fondos públicos destinados al tratamiento de pacientes con cáncer. La investigación atribuye al grupo un daño económico superior a los 148.6 millones de pesos dominicanos, dentro de operaciones financiadas por Senasa que superan los 3,754 millones de pesos dominicanos durante el período investigado.
El Ministerio Público sostiene que el expediente continúa en desarrollo y no descarta futuras imputaciones, al considerar que podrían existir otros responsables vinculados a una de las investigaciones por presunta corrupción más relevantes de los últimos años en el sistema de salud dominicano.
