Durante el año 2025, la República Dominicana experimentó una notable disparidad entre los permisos de construcción privada concedidos y las obras efectivamente registradas. Los datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVHED) revelan que se edificaron más del triple de proyectos de los que contaban con autorización, lo que genera interrogantes sobre la fiscalización y la planificación urbana en el país.
La información difundida por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), con registros del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVHED), indica que en 2025 la cantidad de autorizaciones concedidas para proyectos privados fue considerablemente inferior al número de obras contabilizadas en el país. Según las estadísticas de la ONE, en 2025 se expidieron 1,362 licencias para edificaciones privadas, mientras se registraron 4,163 construcciones, lo que representa una brecha de 2,801 proyectos.
La provincia La Altagracia recibió 264 permisos, pero reportó 1,642 construcciones, lo que equivale a cerca del 40 % del total nacional. Santo Domingo lideró el número de autorizaciones aprobadas con 290, mientras que registró 827 edificaciones. El Distrito Nacional, con 234 permisos, se posicionó en el segundo lugar en autorizaciones y reportó 186 proyectos, una cantidad menor. Por su parte, Santiago, con 219 permisos, se ubicó en el cuarto puesto en licencias y contabilizó 250 construcciones. En conjunto, estas cuatro demarcaciones concentraron aproximadamente tres cuartas partes de las autorizaciones emitidas durante el año.
Otras áreas con una actividad constructiva significativa fueron San Juan, con 145 construcciones; Azua, con 105; Samaná, con 101; San Cristóbal, con 87; Duarte, con 86; Puerto Plata, con 81; San Pedro de Macorís, con 71, y La Vega, con 63. En contraste, las provincias con el menor número de construcciones fueron Pedernales y Monte Plata, con un proyecto cada una; San José de Ocoa, con dos; Monte Cristi y Santiago Rodríguez, con tres; Peravia, con seis; y Barahona y Hermanas Mirabal, con nueve edificaciones cada una.
PROVINCIAS CON MÁS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN
Después de Santo Domingo, La Altagracia, el Distrito Nacional y Santiago, el segundo grupo de provincias con la mayor cantidad de permisos incluyó a Duarte, con 55; La Vega, con 40; San Pedro de Macorís, con 33; Puerto Plata, con 32; Samaná, con 27; San Cristóbal, con 24; Espaillat, con 21; Monseñor Nouel, con 13; San Juan, con 12; Valverde, Peravia y Barahona, con nueve; y Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez, con seis, entre otras. Las cantidades más bajas correspondieron a Pedernales, con un permiso; Bahoruco, Monte Plata y San José de Ocoa, con dos cada una.
LA ALTAGRACIA TAMBIÉN LIDERÓ EL ÁREA TOTAL EN CONSTRUCCIÓN
En cuanto a la superficie total utilizada para la construcción del sector privado, La Altagracia encabezó el país con 1,545,273.3 metros cuadrados, seguida por Santo Domingo, con 1,368,845.5; el Distrito Nacional, con 958,078.9; y Santiago, con 414,125.9 metros cuadrados. También destacaron Puerto Plata, con 143,070.6 metros cuadrados; San Pedro de Macorís, con 110,308.8; La Vega, con 93,589.3; San Cristóbal, con 82,137.3; La Romana, con 79,945.6; y Duarte, con 64,827.2 metros cuadrados.
LA DIFERENCIA ENTRE PERMISOS Y CONSTRUCCIONES PLANTEA INTERROGANTES
En resumen, mientras el MIVHED concedió 1,362 autorizaciones para edificaciones privadas, el país registró 4,163 construcciones. La discrepancia de 2,801 proyectos genera interrogantes sobre la supervisión, el cumplimiento de la normativa y el desarrollo urbano, responsabilidades que la Ley 176-07 asigna a los ayuntamientos. Uno de los datos que más llama la atención pertenece a La Altagracia. La provincia recibió 264 permisos, pero contabilizó 1,642 construcciones. Además, las estadísticas muestran que solo en septiembre de 2025 se registraron 1,116 edificaciones, un comportamiento que requiere una explicación por parte de las autoridades competentes.
LOS RIESGOS DE UN CRECIMIENTO SIN PLANIFICACIÓN
La disparidad entre las licencias otorgadas y la cantidad de construcciones registradas presenta desafíos para la planificación territorial. Entre ellos se encuentran la presión sobre el suministro de agua potable, el sistema de drenaje pluvial, la movilidad urbana, la red eléctrica, la gestión de residuos sólidos y el incremento de la vulnerabilidad ante inundaciones, huracanes y terremotos. Edificar más no siempre se traduce en un mejor desarrollo. Una adecuada planificación urbana puede resultar en una mejor calidad de vida, ciudades más resilientes, reducción de riesgos, mayor competitividad, inversión sostenible, seguridad jurídica, protección del medio ambiente y bienestar para la población.
Expertos consideran que esta tendencia refleja el crecimiento acelerado de varios municipios de La Altagracia, especialmente Punta Cana, impulsado por el auge del turismo y la inversión inmobiliaria. No obstante, advierten que, sin una planificación apropiada, ese crecimiento podría generar hacinamiento y mayores niveles de vulnerabilidad a largo plazo. Asimismo, sostienen que las oportunidades derivadas del crecimiento económico, el fortalecimiento del turismo y la llegada de inversión nacional y extranjera deben ir acompañadas de una planificación que asegure el desarrollo sostenible y preserve la calidad de vida de la población.
