La Procuraduría General de la República Dominicana ha llevado a cabo veinte registros domiciliarios en el marco de una solicitud de Bélgica, que investiga una red transnacional de trata de personas, explotación sexual y lavado de activos. Esta operación, iniciada en junio de 2026, busca desmantelar una organización que engañaba a mujeres de Colombia y República Dominicana para explotarlas sexualmente en Europa, y que además blanqueaba capitales ilícitos en el país caribeño.
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Como parte de la estrategia de colaboración jurídica internacional de la Procuraduría General de República Dominicana, el Ministerio Público realizó veinte operativos de búsqueda en respuesta a una petición de las autoridades judiciales de Bélgica. Estas autoridades están llevando a cabo una investigación internacional que involucra a varios ciudadanos en una red de tráfico humano, explotación sexual y blanqueo de capitales.
La indagación comenzó en junio de 2026, tras la detención de Ana Mercedes Encarnación Mejía y Juana de Jesús Holguín, junto con otros dominicanos, quienes se dedicaban a engañar a mujeres de su país y de Colombia para trasladarlas a Bélgica con fines de explotación sexual. En junio pasado, cinco mujeres fueron rescatadas en la residencia de Encarnación Mejía, ubicada en Bélgica. La líder principal de la organización, quien transportaba a las víctimas por España, ya había cumplido una condena de cinco años por explotar sexualmente a un familiar.
A partir de las investigaciones desarrolladas por las autoridades belgas, se identificó la existencia de una estructura delictiva que generaba cuantiosos beneficios económicos a través de actividades de explotación sexual. Las pesquisas revelan que parte de los fondos obtenidos por esta organización criminal eran transferidos a la República Dominicana con el propósito de integrarlos al sistema financiero mediante inversiones en propiedades y otras operaciones destinadas a ocultar el origen ilegal del dinero.
La Dirección General de Persecución, con el respaldo de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional y Derechos Humanos, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el Departamento de Lavado de Activos de la Policía Nacional, ejecutaron diversas diligencias investigativas. Estas acciones estuvieron dirigidas a obtener pruebas relevantes para el proceso penal que se desarrolla en el país europeo. Entre las diligencias procesales destacan 20 registros a viviendas vinculadas a la estructura en el Gran Santo Domingo (Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional) y en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
En estas actuaciones estuvieron presentes miembros de la Policía de Bélgica y Países Bajos, quienes están acreditados para esta investigación. Estas acciones ratifican el compromiso de la actual administración de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso con el combate contra la delincuencia organizada transnacional. El procurador adjunto Wilson Camacho recordó que la cooperación internacional es una herramienta fundamental para enfrentar delitos complejos que cruzan las fronteras nacionales, como el tráfico de personas, la explotación sexual y el blanqueo de activos, permitiendo fortalecer las investigaciones y asegurar que quienes forman parte de estas redes criminales rindan cuentas ante la justicia.
Reiteró que la Procuraduría General y el Ministerio Público seguirán colaborando con las autoridades internacionales, en estricto cumplimiento de los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por República Dominicana, con el objetivo de combatir eficazmente las estructuras del crimen organizado en todas sus manifestaciones.
