Recientes acusaciones de maltrato por parte de agentes de la Policía Nacional han vuelto a captar la atención pública, provocando manifestaciones y demandas de justicia por parte de los familiares de las víctimas. En pocos días, al menos cuatro incidentes han reavivado el debate sobre el uso de la fuerza policial y sus procedimientos operativos, poniendo en entredicho la efectividad de la institución.
Las denuncias de presuntos abusos perpetrados por miembros de la Policía Nacional han resurgido en el foco público esta semana, con diversas manifestaciones, movilizaciones y peticiones de parientes que buscan esclarecimiento y justicia por decesos y acciones que atribuyen a la fuerza policial. En un lapso breve, por lo menos cuatro incidentes han reactivado la discusión acerca del empleo de la fuerza pública y los protocolos de actuación de los uniformados. Uno de estos casos es el de Miguel Antonio Lucas Paredes, cuyos familiares llevaron su ataúd este jueves hasta la sede de la Policía Nacional en San Cristóbal para exigir una investigación exhaustiva de su fallecimiento. Según sus declaraciones, el individuo fue arrestado el 8 de julio por un capitán adscrito a la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) bajo sospecha de estar implicado en la venta ilegal de billetes de lotería, permaneciendo bajo custodia por varios días. La familia sostiene que, durante su detención, presentó fiebre, reportó haber sido agredido y no recibió atención médica. Al ser entregado a sus allegados, aseguran, se encontraba en una condición crítica y falleció poco después en un hospital. La Policía Nacional ha comunicado que aguarda los resultados de la autopsia para determinar la causa del deceso y ha afirmado que las pesquisas continúan.
Otro suceso que nuevamente provocó protestas fue el de Rawel Sierra, un joven con autismo que perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza durante una manifestación por interrupciones eléctricas en el sector Brisas del Este, en Santo Domingo Este. Familiares y amigos realizaron una concentración frente a la Fiscalía de dicha jurisdicción para demandar la identificación y el enjuiciamiento del agente que, según afirman, disparó contra el adolescente. Los manifestantes denunciaron que, a pesar de haber transcurrido varias semanas desde el incidente, aún no han recibido información sobre avances concretos en la investigación.
Las críticas a la conducta policial también se han manifestado en el ámbito político. El presidente del Concejo de Regidores de Los Alcarrizos, Rafael Hernández, anunció una serie de protestas para denunciar los supuestos abusos cometidos por agentes de la Policía Nacional en ese municipio. El edil aseguró que esta determinación responde a las constantes quejas de los residentes que afirman haber sido víctimas de actuaciones irregulares durante las intervenciones policiales, una situación que, según sus palabras, mantiene preocupada a la comunidad.
A estos incidentes se añade la controversia suscitada por un operativo policial llevado a cabo en la residencia de una mujer que se volvió viral tras aparecer presuntamente portando un arma de fuego larga mientras confrontaba a varias ciudadanas haitianas en el municipio de Guerra. El procedimiento fue cuestionado en plataformas digitales luego de la difusión de videos en los que, aparentemente, se observa a agentes ingresar a la vivienda sin presentar una orden judicial. También surgieron señalamientos sobre la ausencia de un representante del Ministerio Público y de una agente femenina durante la intervención, aspectos que hasta el momento no han sido confirmados por la Policía Nacional.
Estos acontecimientos ocurren apenas dos semanas después del deceso de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, quien falleció tras recibir un disparo efectuado por el cabo José Francisco Moreta Heredia durante una intervención policial en La Cañada de Guajimía. Conforme al expediente del Ministerio Público, el agente disparó al joven cuando este se acercó a reclamar la posesión de una motocicleta que estaba siendo inspeccionada. El hecho quedó grabado en un video que generó indignación y desencadenó protestas de los residentes de la comunidad, quienes bloquearon calles y quemaron neumáticos para exigir justicia.
Después de este caso, la Policía Nacional puso al cabo a disposición de la justicia e informó que su Dirección de Asuntos Internos inició una investigación para determinar posibles responsabilidades dentro de la institución. La secuencia de estos episodios mantiene bajo estricto examen a la Policía Nacional, mientras los familiares de las víctimas y diversos sectores continúan exigiendo pesquisas transparentes y sanciones en aquellos casos donde se demuestren acciones contrarias a la ley.
