La legislatura 2025-2026 se distinguió por un conjunto de transformaciones normativas cruciales, lideradas por la aprobación del nuevo Código Penal, una actualización largamente esperada que moderniza el marco jurídico. Estas reformas, que entrarán en vigor progresivamente, buscan fortalecer la institucionalidad estatal y adaptar el sistema de justicia a las realidades actuales, marcando un hito en la productividad legislativa reciente.
Más allá de los números de rendimiento presentados durante la rendición de cuentas del Congreso Nacional, el principal legado del período legislativo 2025-2026 se manifestó en el conjunto de modificaciones que redefinen áreas estratégicas del Estado dominicano. Destaca la aprobación del nuevo Código Penal, una enmienda esperada por varias décadas, que comenzará a aplicarse el próximo 3 de agosto.
Durante el acto conjunto de rendición de cuentas, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó que la actualización del Código Penal sitúa a la República Dominicana “a la altura de los desafíos del siglo XXI”, al reemplazar una normativa que había quedado desactualizada frente a las nuevas tipologías delictivas, particularmente los crímenes tecnológicos. El legislador sostuvo que esta reforma provee al sistema de justicia de herramientas más adecuadas a la realidad contemporánea y representa uno de los mayores logros del ciclo legislativo.
La modificación penal fue parte de un ciclo de cambios normativos impulsados durante la legislatura de agosto de 2025 a agosto de 2026, en la que el Senado ratificó 416 iniciativas. De estas, 122 correspondieron a proyectos de ley y 58 fueron posteriormente promulgadas por el Poder Ejecutivo, consolidando uno de los períodos de mayor producción legislativa de los últimos años.
Las reformas que definieron la legislatura
Entre las iniciativas de mayor trascendencia aprobadas por el Congreso se encuentran la modificación del Código Penal; la reforma al Código Procesal Penal para armonizar el sistema de persecución penal; la creación del Ministerio de Justicia; la reforma a la Ley de Contrataciones Públicas; la Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional; la Ley de Intermediación Inmobiliaria y Publicidad Engañosa; las modificaciones a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos para robustecer los controles sobre el financiamiento político; y los cambios a la Ley 118-21 para facilitar la conclusión de obras públicas estancadas.
También se aprobaron iniciativas de índole económica y presupuestaria, como la Ley de Presupuesto General del Estado para 2026 y otras medidas orientadas al fomento económico.
Productividad legislativa con amplio respaldo
De los Santos atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre ambas cámaras y subrayó que el Senado agotó la totalidad de las 60 sesiones convocadas durante el período, además de miles de horas de labor en las diversas comisiones legislativas. Según su declaración, este desempeño posibilitó la construcción de consensos para aprobar reformas consideradas esenciales para la institucionalidad y el fortalecimiento del Estado.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que ese órgano celebró 88 sesiones del pleno y que las 71 comisiones permanentes, especiales y bicamerales realizaron 1,194 actividades de trabajo, acumulando más de 1,200 horas de estudio de proyectos e interacción con distintos sectores de la sociedad. Según explicó, esa dinámica permitió avanzar en la aprobación de iniciativas que respondieron a demandas de diversos ámbitos nacionales.
Más allá de los números
Aunque ambos presidentes destacaron avances administrativos, financieros e institucionales, incluyendo certificaciones de calidad, transparencia y robustecimiento de la gestión pública, el balance de la legislatura se caracterizó principalmente por el paquete de reformas jurídicas aprobado durante el período. El impacto de estas comenzará a notarse en los próximos meses con la entrada en vigor de varias de esas disposiciones, especialmente el nuevo Código Penal.
