La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha ratificado la medida de prisión preventiva contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara. Se le investiga por supuestamente solicitar una coima de US$150,000 y recibir US$10,000 en una entrega controlada. La defensa había pedido un cambio en la medida, pero el tribunal consideró que las condiciones iniciales para la prisión no han variado.
La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha confirmado la medida de prisión preventiva impuesta al fiscal Aurelio Valdez Alcántara. El Ministerio Público lo procesa por supuestamente pedir un soborno a un investigado y recibir diez mil dólares estadounidenses como parte de una operación de entrega controlada.
Durante la audiencia, la representación del Ministerio Público estuvo a cargo del procurador adjunto Wilson Camacho, quien dirige la Dirección General de Persecución, junto a los fiscales Andrés Mena y Eduardo Velázquez. Ellos solicitaron que se mantuviera la medida de coerción, argumentando que no han cambiado las circunstancias que justificaron la prisión preventiva.
La jueza Nancy María Joaquín Guzmán, actuando como jueza de la Instrucción Especial, desestimó la petición de la defensa de reemplazar la medida dictada en mayo pasado por un plazo de tres meses. El acusado cumple esta disposición en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, ubicado en la provincia San Cristóbal.
El Ministerio Público recordó que el 29 de junio pasado, la magistrada dejó sin efecto una revisión de la medida, después de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia validara la prisión preventiva el 3 de junio, tras revisar un recurso presentado por la defensa.
Asimismo, la jueza programó para el 3 de septiembre la revisión obligatoria de la medida de coerción.
De acuerdo con el expediente, Valdez Alcántara enfrenta acusaciones por presunta infracción de varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 155-17, relacionada con el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Las indagaciones revelan que el fiscal supuestamente exigió inicialmente doscientos mil dólares estadounidenses a una persona bajo investigación para favorecerla en un proceso judicial. Posteriormente, el monto se habría reducido a ciento cincuenta mil dólares estadounidenses, y en esa negociación, también expresó interés en recibir un reloj de la marca Rolex y un automóvil Mercedes-Benz como parte del soborno.
El Ministerio Público afirma que el imputado recibió diez mil dólares estadounidenses durante una entrega controlada, un suceso que llevó a su arresto y posterior presentación ante la justicia.
