El Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ha reprogramado para el 5 de agosto la audiencia crucial donde se analizará la continuidad de las medidas de coerción impuestas a los acusados en el caso SeNaSa 2.0. La decisión surge a raíz de solicitudes de las defensas, quienes requieren más tiempo para elaborar sus argumentos. En esta fecha, el tribunal determinará si las circunstancias iniciales que justificaron dichas medidas han cambiado.
El Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ha trasladado al 5 de agosto la fecha para la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas a los acusados en el expediente conocido como SeNaSa 2.0. El aplazamiento se produjo después de que varias representaciones legales pidieran más tiempo para preparar las justificaciones que presentarán ante la corte.
El juez Deiby Timoteo Peguero aceptó la petición de los abogados de algunos de los implicados y fijó para el martes 5 de agosto la continuación de la audiencia. En esta sesión, se evaluará si las condiciones que originaron las medidas coercitivas contra los procesados han experimentado alguna modificación.
Mirna Ortiz, directora de Persecución del Ministerio Público, explicó que este cambio de fecha obedece a un principio legal. Permitirá que las partes presenten las pruebas y los argumentos que el tribunal considerará al decidir si mantiene, ajusta o revoca las medidas establecidas.
El caso SeNaSa 2.0 examina una presunta red de corrupción que, según el Ministerio Público, habría operado entre los años 2020 y 2025 dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Se alega la adjudicación irregular de contratos, la aceptación de sobornos y otras acciones que habrían causado un daño económico al Estado dominicano superior a los RD$19,000 millones.
Entre los principales señalados se encuentra el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Hazim Albainy, junto con otros antiguos funcionarios y proveedores de la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) estatal. El expediente les imputa cargos de colusión de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, fraude contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Durante el desarrollo del proceso, cinco de los diez acusados han iniciado negociaciones con el Ministerio Público para llegar a un acuerdo penal abreviado y reconocer su responsabilidad. Por otro lado, tres ya habían admitido haber pagado sobornos y obtuvieron arresto domiciliario como parte de su cooperación con las autoridades.
Las investigaciones permanecen activas y el órgano persecutor no descarta la incorporación de nuevos implicados al expediente.
