La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva para José Manuel Casado Bazil, gerente de Constructora Jocaena, S.R.L., debido a su presunta participación en la doble venta de una propiedad y por supuestas infracciones a la legislación penal y a la ley contra el lavado de activos. La medida se presentó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, en un caso que ha sido aplazado hasta el 31 de julio para continuar con la audiencia.
El Ministerio Público ha solicitado una medida de prisión preventiva contra José Manuel Casado Bazil, quien ejerce como gerente de la empresa Constructora Jocaena, S.R.L. Esta petición se fundamenta en su supuesta implicación en la venta duplicada de un bien inmueble y por alegadas transgresiones al Código Penal, así como a la Ley 155-17, que aborda el lavado de activos. La solicitud fue elevada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Según lo establecido en la investigación, en julio de 2022, las personas afectadas suscribieron un acuerdo para adquirir un apartamento en el proyecto denominado Sol de los Océanos I, ubicado en Arroyo Hondo III, y procedieron a efectuar los pagos correspondientes. No obstante, la propiedad nunca les fue entregada y, posteriormente, se alega que fue comercializada a otros individuos mediante una segunda transacción, la cual fue respaldada por un préstamo hipotecario.
El expediente judicial detalla que una resolución emitida por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional ratificó la validez del primer contrato y dictaminó que los compradores habían cumplido con todas sus obligaciones económicas, sin que existiera una justificación legal para el incumplimiento por parte de la constructora. El Ministerio Público también está indagando el destino de los recursos entregados por las primeras víctimas y los fondos obtenidos de la segunda venta, con el fin de establecer si se realizaron acciones relacionadas con el ocultamiento o la gestión irregular del dinero.
Asimismo, se argumenta que el imputado estuvo evadido de la justicia durante 74 días después de que se emitiera la orden de arresto, lo cual, a juicio de la fiscalía, constituye un riesgo de fuga. La audiencia programada para discutir la medida de coerción fue pospuesta y se reanudará este viernes 31 de julio, fecha en que el tribunal escuchará las exposiciones del Ministerio Público, de la parte querellante y de la defensa. La investigación también busca determinar si otras personas relacionadas con la constructora tuvieron alguna participación en los hechos.
