El exprocurador general Jean Alain Rodríguez ha expresado su preocupación sobre la intención del Ministerio Público de aplicar una nueva disposición del Código Procesal Penal a un caso que se inició hace años. Según Rodríguez, esta acción violaría el principio de irretroactividad de la ley, sentando un posible precedente perjudicial para futuros procesos judiciales. El exfuncionario confía en que el tribunal rechazará esta pretensión y continuará defendiendo su solicitud de extinción de la acción penal.
El antiguo procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, manifestó este lunes su desacuerdo con la intención del Ministerio Público de emplear una regulación del reciente Código Procesal Penal en un procedimiento que comenzó hace varios años. Considera que esta interpretación transgrede el principio de que las leyes no deben aplicarse de forma retroactiva.
Estas declaraciones surgieron después de que el tribunal suspendiera la sesión donde Rodríguez asumió personalmente una parte de la defensa de su petición de extinción de la acción penal.
El exfuncionario hizo un llamado a la ciudadanía para que preste atención a la determinación que el tribunal deberá tomar, advirtiendo que, en su opinión, aplicar una norma reciente a hechos o procedimientos previos podría establecer un precedente con consecuencias para otras causas judiciales.
Rodríguez manifestó su seguridad en que el tribunal desestimará la propuesta presentada por el Ministerio Público y anticipó que, una vez que la audiencia se reanude, seguirá exponiendo los argumentos de su defensa en favor de la anulación de la acción penal.
Sobre el proceso judicial
El expediente de Jean Alain Rodríguez, conocido como el Caso Medusa, es un procedimiento judicial por actos de corrupción administrativa, apropiación indebida de fondos que superan los RD $6,000 millones y recepción de sobornos durante su periodo como procurador general de la República (2016-2020). Actualmente, el juicio principal se lleva a cabo en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El documento detalla que la red causó un perjuicio económico superior a los RD$ 6,000 millones mediante tácticas fraudulentas relacionadas con contratos, adquisiciones, pagos irregulares y la administración de los recursos públicos de la institución.
La acusación también implica a varios exfuncionarios y colaboradores de la Procuraduría, a quienes el órgano acusador imputa participación en una estructura dedicada al desvío de fondos públicos y otras irregularidades administrativas. Algunos de los acusados han admitido su responsabilidad en los hechos y han llegado a acuerdos con el Ministerio Público a lo largo del desarrollo del proceso.
