La Comisión Hípica Nacional ha refutado las imputaciones de asociaciones de bancas deportivas, alegando que varios operadores incurren en prácticas desleales al ofrecer juegos hípicos virtuales sin la debida autorización. La entidad subraya que sus acciones se rigen por la legalidad, la transparencia fiscal y la defensa de los derechos del sector hípico, revelando una comercialización no autorizada de productos de apuestas.
En Santo Domingo Este, la Comisión Hípica Nacional, a través de su presidente Francisco Pavonessa Grullón, ha desestimado los señalamientos hechos por agrupaciones de bancas deportivas sobre la regulación de las apuestas en el país. La Comisión reveló que algunos de los operadores que presentaron quejas están incurriendo en una competencia injusta al vender juegos de carreras de caballos virtuales en sus establecimientos sin poseer la licencia correspondiente emitida por el ente hípico. La institución enfatizó que su proceder se alinea con el principio de legalidad, la claridad tributaria y la defensa de los derechos consolidados del ámbito hípico nacional.
Revelan comercialización no autorizada de productos hípicos
Frente a las acusaciones del sector de bancas deportivas, que califican de "usurpación" las atribuciones de la institución, la Comisión Hípica Nacional puso en evidencia la doble moral de la organización denunciante. El organismo confirmó que, si bien varias bancas deportivas han obtenido sus autorizaciones de manera regular para operar simulcasting y juegos virtuales, operadores del sector deportivo están actualmente vendiendo juegos hípicos virtuales sin contar con el permiso habilitante expedido por la autoridad reguladora hípica. Esta práctica representa una transgresión al marco normativo del sector y genera una ventaja indebida sobre aquellos que sí han cumplido con el proceso de licenciamiento, inversión y supervisión estatal.
Datos oficiales frente a cifras desinformativas
El organismo desmintió el discurso alarmista sobre una proliferación descontrolada de puntos de apuesta, aclarando que a lo largo de la historia de la institución se han otorgado 29,100 licencias para la operación de Juegos Hípicos Virtuales (JHVs) de un total de 60,000 solicitudes, una cifra muy alejada de las 70,000 o 150,000 agencias denunciadas por el gremio deportivo. Asimismo, la entidad precisó que la mayoría de estas agencias funcionan en locales ya existentes con licencias del Ministerio de Hacienda (como bancas de lotería y deportivas), estrategia diseñada para reducir la clandestinidad y someter el juego informal al control del Estado. La posibilidad de un crecimiento sin control queda descartada por la moratoria de 10 años y la distancia mínima de 550 metros contempladas en el proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional (Iniciativa núm. 06055-2024-2028-CD).
Plena sustentación jurídica y eficacia tributaria
La Comisión Hípica Nacional recalcó que sus facultades sobre carreras de caballos, de galgos o cualquier carrera que involucre fuerza animal —sean reales, virtuales o simuladas— están fundamentadas en un marco normativo especial y autónomo compuesto por la Ley núm. 463 de 1944, los Reglamentos Hípicos 250-94 y 352-99, contratos tecnológicos vigentes desde 2014 y el Decreto núm. 480-19. Intentar desconocer este entramado mediante simples interpretaciones administrativas atenta contra la seguridad jurídica y el régimen de derechos adquiridos protegidos por la Constitución de la República. En el ámbito fiscal, la entidad destacó que el segmento de apuestas hípicas virtuales es el único sector de juegos de azar en el país cuya recaudación para el Estado se calcula sobre las ventas brutas reales monitoreadas en tiempo real. Este modelo de transparencia supera el esquema tradicional de tasas fijas desvinculadas del volumen económico real, logrando aportes impositivos históricos en beneficio del Tesoro Nacional. La Comisión Hípica Nacional reiteró su apoyo al proyecto de Ley de Juegos de Azar que se tramita en el Congreso Nacional, confiando en que proporcionará al Estado herramientas superiores para sancionar la ilegalidad, fortalecer la fiscalización y proteger el patrimonio hípico del país.
