Una investigación reciente ha revelado la existencia de un banco de sangre que operaba sin la licencia sanitaria requerida en Santo Domingo Este. Este establecimiento, identificado como CEDALAB, presentaba serias deficiencias en sus equipos, manejo de desechos y procesos de control, comprometiendo la seguridad de las unidades sanguíneas. Tras la recolección de pruebas, las autoridades procedieron a su clausura.
La sangre, que a menudo es vital para la supervivencia, también puede ser objeto de un comercio ilícito. Una investigación periodística descubrió un centro de almacenamiento y procesamiento sanguíneo en Santo Domingo Este que operaba sin el permiso sanitario oficial. Este centro, denominado CEDALAB, mostraba carencias significativas en su instrumental, gestión de residuos, procesamiento de muestras y protocolos para asegurar la inocuidad de las unidades destinadas a transfusiones. A pesar de la ausencia de la autorización necesaria del Ministerio de Salud Pública, el establecimiento habría estado en funcionamiento por varios años. Tras una visita y la recopilación de pruebas, las autoridades llevaron a cabo una inspección y ordenaron su cierre inmediato.
CEDALAB, localizado en Santo Domingo Este, había estado ofreciendo servicios de laboratorio y banco de sangre durante un periodo considerable sin la habilitación legal indispensable para su funcionamiento. Su propietaria, Manuela Cedano Valdez, afirmó durante la indagación poseer una certificación de “no objeción a planos”. Sin embargo, este documento no es equivalente a una autorización de operación, hecho que ella misma admitió posteriormente en la entrevista. La documentación obtenida mediante una solicitud de acceso a la información pública indica que el establecimiento inició en junio de 2023 el trámite para obtener la no objeción de planos. Durante la evaluación, se señalaron numerosas observaciones relativas a las áreas de procesamiento, esterilización, gestión de residuos y las condiciones del personal. Aunque en julio de ese mismo año recibió la certificación de no objeción a los planos, esto no le otorgó permiso para operar.
La posterior inspección realizada por la Dirección de Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud confirmó que CEDALAB estaba funcionando sin licencia y presentaba condiciones incompatibles con las de un banco de sangre. El director de Habilitación, Juan Gerardo Mesa, explicó que la Ley General de Salud 42-01 exige la posesión de una licencia para poder ofrecer servicios al público. Entre los hallazgos se encontraron carencias de personal, falta de equipamiento, reactivos caducados (algunos desde 2022), ausencia de registros de mantenimiento, falta de un espacio apropiado para la refrigeración y almacenamiento de sangre y reactivos, y condiciones inadecuadas para el manejo de desechos biológicos. La inspección también reveló que el establecimiento carecía de elementos fundamentales para una extracción segura, como sellador y mezclador de bolsas de sangre, bolsas rojas para desechos, incinerador, tanque de oxígeno y botiquín de primeros auxilios. Tampoco disponía de una nevera adecuada para la conservación de las unidades de sangre ni de un área apropiada para la evaluación de los donantes. Ante estas anomalías, Salud Pública ordenó el cese de operaciones del establecimiento. “Allí no existe garantía de calidad ni de ninguno de los procesos”, advirtió Juan Gerardo Mesa, director de Habilitación.
No obstante, la falta de licencia no era la única irregularidad detectada en este centro. La investigación también documentó un sistema de donación remunerada. Testimonios recogidos durante el reportaje indican que individuos acudían al establecimiento para vender su sangre a cambio de dinero. Uno de los relatos obtenidos afirma que los pagos podían oscilar entre RD$1,000 y RD$1,200 por cada donación. La propia propietaria reconoció durante la entrevista que adquiría sangre y que posteriormente podía vender una pinta por aproximadamente RD$5,000, en función de los gastos asociados. La situación se agrava por las condiciones de algunos de los donantes. Testimonios obtenidos a través de conversaciones telefónicas señalan que personas con problemas de adicción acudían a vender sangre al establecimiento. La propietaria admitió que realizaba pruebas rápidas antes de la extracción de sangre y que posteriormente enviaba muestras a otros laboratorios para análisis. El inconveniente, según expertos consultados, es que las pruebas rápidas de membrana no proporcionan la misma fiabilidad que los procedimientos establecidos para el tamizaje de sangre destinada a transfusiones.
El director de la Red Nacional de Bancos de Sangre de la Cruz Roja Dominicana, César Matos, advierte que los bancos de sangre no deben emplear pruebas rápidas como método para asegurar la inocuidad de una unidad. El riesgo se relaciona, entre otros factores, con el llamado período de ventana, durante el cual una infección puede estar presente sin ser detectada por ciertas pruebas. La sangre destinada a transfusión debe someterse a un proceso de tamizaje que permita descartar enfermedades como VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis, además de cumplir con controles de procesamiento, almacenamiento y trazabilidad. La propia inspección de Salud Pública concluyó que CEDALAB no cumplía con las condiciones mínimas para asegurar estos procesos. A esto se añade otro dato: testimonios recabados durante la investigación indican que algunos vendedores de sangre llegaban a donar varias veces en periodos muy cortos, una práctica que puede representar un peligro tanto para el propio donante como para la seguridad transfusional. Matos calificó de arriesgada la donación remunerada porque una persona motivada por obtener dinero puede ocultar antecedentes o condiciones de salud que deberían impedirle donar.
El caso de CEDALAB revela un problema que va más allá de un único establecimiento: la existencia de un mercado alrededor de la sangre en un país donde la donación voluntaria es aún insuficiente. La República Dominicana cuenta con 76 bancos de sangre autorizados: 45 de carácter privado y 31 públicos. La Red Nacional de Bancos de Sangre de la Cruz Roja Dominicana forma parte de este sistema y opera bajo protocolos diseñados para garantizar la seguridad de las unidades. En este proceso, cada pinta de sangre requiere extracción, tamizaje, procesamiento, almacenamiento y trazabilidad. Solo el procesamiento de una unidad puede costar alrededor de RD$5,000, sin incluir gastos de personal y energía eléctrica. El país enfrenta una demanda estimada de casi 270,000 unidades de sangre al año, incluyendo la reserva estratégica. Sin embargo, la baja donación voluntaria mantiene al sistema dependiendo, en parte, de donaciones remuneradas o de familiares que deben buscar sangre cuando un paciente necesita una transfusión. La situación también pone de manifiesto las dificultades de acceso que enfrentan los pacientes y sus familias.
Mientras tanto, las autoridades reconocen la existencia de un vacío legal para abordar específicamente el comercio de la sangre. El 13 de mayo, la Comisión Permanente de Salud Pública del Senado, presidida por la senadora Lía Díaz, unificó tres propuestas en un proyecto de ley que busca regular este sistema. Entre sus disposiciones se contempla prohibir la donación remunerada, establecer sanciones y regular la importación y exportación de sangre. El proyecto parte de una realidad: el mercado de la sangre humana permanece insuficientemente regulado. Mientras la legislación avanza y la donación voluntaria sigue siendo insuficiente, persiste una pregunta fundamental: ¿cuántos establecimientos podrían estar operando fuera de los controles sanitarios? El caso de CEDALAB deja además interrogantes sobre los años que permaneció en funcionamiento, la cantidad de unidades que pudo extraer y comercializar y, sobre todo, cuántas personas pudieron quedar expuestas a riesgos por recibir sangre procesada al margen de los protocolos establecidos.
