El Ministerio Público ha declarado su preparación para el juicio programado para el 15 de septiembre, donde presentará la acusación y las pruebas contra los involucrados en la red piramidal desmantelada por la Operación Gaviota. Esta organización defraudó más de 4,239 millones de pesos dominicanos y 11.6 millones de dólares estadounidenses, afectando a más de 300 personas. El caso busca justicia para las numerosas víctimas de este sofisticado esquema.
El Ministerio Público aseguró este martes que se encuentra preparado para presentar los cargos y las evidencias en el proceso judicial que se iniciará el próximo 15 de septiembre. Este juicio concierne a los miembros de la organización desarticulada mediante la Operación Gaviota, la cual, a través de un esquema de tipo piramidal, movilizó sumas superiores a los RD$4,239 millones y US$11.6 millones, perjudicando a más de trescientas víctimas.
La entidad acusadora, representada en esta audiencia por los fiscales Miguel Crucey, Yudelka Holguín y Alexis Piña, comunicó al Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, bajo la presidencia de la jueza Keyla Pérez, que está lista para afrontar el litigio penal.
Los principales acusados en este caso son Rafael Martínez Batista y su pareja, Eridania García Veloz de Martínez; Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez.
Asimismo, se dispuso el envío a juicio de O'neill Alberto Nivar Romero, William Félix Esquea D'Oleo, Roberto Evangelista Concepción, Rafael Martínez Colón, Lucía Martínez Colón, Rosangela Amador Núñez, Greer Antoni Carpio Paché, Anderson García Veloz, Emmanuel Nazaire, Isandry Alberto Rosario Victoriano y Daniel Cadet Gabriel, junto con Manuel Arturo de la Cruz Pache y Claribel Martínez Vicente.
Para llevar a cabo sus acciones ilícitas, los encausados se valieron de las compañías IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L., Yirewall S.R.L., Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopes), Investor Winner IW S.R.L., Antoni Carpio Pisos y Construcciones S.R.L., Vagary Consulting S.R.L., Inversiones Cataleya S.R.L. y Gratia Plena S.R.L.
Adicionalmente, utilizaron las empresas Ghanima Corporation S.R.L., Taufit Investments S.R.L., Jalizca Family Inmobiliaria S.R.L., Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva, S.R.L., Inmobiliaria Luz del Ángel S.R.L. y The Winner Academy & Trading Center.
El año anterior, el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, emitió el auto de apertura a juicio, considerando suficientes las más de 650 pruebas que respaldan el expediente. Estas incluyen un total de 376 pruebas de tipo testimonial, 19 peritajes financieros y de informática forense, así como 254 pruebas documentales y 29 elementos materiales.
Estructura captó fondos de víctimas en distintas provincias
Los imputados recolectaron dinero de 332 personas en diversas regiones del país, muchas de las cuales hipotecaron propiedades o destinaron sus ahorros personales. Entre sus tácticas, reclutaban a los inversionistas y los convencían de que estaban realizando una inversión legítima, creando empresas con el fin de captar fondos del público sin poseer las autorizaciones ni los registros requeridos ante la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia del Mercado de Valores.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público verificó que no existían inversiones auténticas en los mercados internacionales, sino que operaban bajo un esquema Ponzi, donde los pagos a los primeros inversionistas se financiaban con las contribuciones de nuevos participantes.
Las indagaciones revelaron que los líderes, Rafael Martínez Batista y su esposa Eridania García Veloz de Martínez, junto con los demás acusados, captaban a las víctimas a través de la compañía Investor Winner IW S.R.L. y el entramado de sociedades y cooperativas simuladas.
El Ministerio Público especificó que el grupo delictivo empleó plataformas sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para promover oportunidades de inversión falsas. Además, falsificaron estados financieros y establecieron empresas fachada, logrando atraer a cientos de individuos.
Con el objetivo de borrar huellas y dificultar la investigación, los implicados cedieron las participaciones de las empresas una vez que el esquema colapsó y desaparecieron de sus residencias habituales.
El grupo enfrenta acusaciones por transgredir diversos artículos del antiguo Código Penal, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley Monetaria y Financiera Núm. 183-02, la Ley 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana, así como la Ley 127-64 sobre el Cooperativismo en la República Dominicana y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La organización fue desarticulada con la Operación Gaviota, la cual se puso en marcha en el mes de junio del año 2024.
