Un juzgado de Navalcarnero ha abierto una investigación judicial por la grave contaminación del río Guadarrama, citando a los alcaldes de Navalcarnero y Arroyomolinos, la exalcaldesa de este último municipio y técnicos de Móstoles. La causa se centra en vertidos de aguas residuales, basuras, escombros y construcciones ilegales en suelo protegido, afectando a más de 70.000 habitantes en la región. La Fiscalía busca determinar si los ayuntamientos implicados cumplieron adecuadamente con su deber de vigilancia y sanción.
El estado medioambiental del río Guadarrama ha escalado hasta los tribunales. Un juzgado de Navalcarnero ha iniciado una investigación que cita como imputados a los actuales alcaldes de Navalcarnero y Arroyomolinos, a la exalcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, y a responsables del Ayuntamiento de Móstoles. Este problema afecta a una población considerable, con Navalcarnero sumando casi 33.400 habitantes y Arroyomolinos más de 38.000. El Guadarrama, afluente del Tajo, atraviesa el oeste madrileño y sale de la región por su tramo sur, donde residen más de 70.000 personas.
Ana Millán fue alcaldesa de Arroyomolinos y actualmente ocupa el cargo de vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y es la número 3 del PP madrileño. Luis Quiroga y José Luis Adell dirigen los ayuntamientos de Arroyomolinos y Navalcarnero, respectivamente. En el caso de Móstoles, la investigación incluye a dos técnicos y a responsables del anterior gobierno municipal. Según la documentación judicial, el Ayuntamiento de Móstoles no proporcionó el organigrama solicitado para identificar a los coordinadores de Urbanismo y Medio Ambiente.
La investigación se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía, que describe vertidos de aguas residuales, basuras y escombros, construcciones en suelo protegido y ocupación del dominio público hidráulico. El juzgado busca determinar si los ayuntamientos implicados ejercieron la vigilancia, impusieron sanciones y restablecieron la legalidad de manera efectiva. Aunque la Fiscalía reconoce que hubo una respuesta administrativa, se debe evaluar si esta fue suficiente. El juzgado también investiga si, independientemente de quién sea responsable de la limpieza del cauce, existieron acciones u omisiones con relevancia penal, ambiental o urbanística.
Las zonas de Las Sabinas y Ribera de San Pedro han sido objeto de años de quejas debido a asentamientos, residuos y edificaciones cercanas al cauce. Ribera de San Pedro, situada en Arroyomolinos, forma parte del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama, un espacio protegido desde 1999 y un corredor ecológico crucial para la Comunidad de Madrid. Muchos de los asentamientos irregulares son anteriores a esta protección, carecen de servicios básicos como agua corriente y recogida de basuras, lo que resulta en que los desechos terminen en el río.
Los avisos sobre este desastre medioambiental se remontan a más de una década, con cartas y artículos redactados ya en 2016. Legalmente, la situación se formalizó con la denuncia del exalcalde de Batres, Víctor Manuel López Rodríguez. Ecologistas y vecinos han denunciado durante años el aprovechamiento de los basureros para verter residuos sin tratamiento ni coste. En 2020, Ecologistas en Acción documentó montañas de electrodomésticos, sacos de escombros e incluso coches calcinados en las riberas. La escasa vigilancia y la lentitud en la retirada de los restos han agravado el problema. Durante una operación de limpieza realizada entre diciembre de 2020 y junio de 2021, se retiraron del cauce 117 toneladas de neumáticos, 112 de ellas en Móstoles, y aproximadamente 20 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos, principalmente en Arroyomolinos y Navalcarnero. Esta operación abarcó cinco municipios: Móstoles, Arroyomolinos, Navalcarnero, Batres y Villaviciosa de Odón.
La conservación de un cauce público no es responsabilidad exclusiva de los ayuntamientos, sino que también implica a la Confederación Hidrográfica del Tajo. En 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló a favor de Navalcarnero en un litigio sobre la limpieza del Guadarrama, dictaminando que ciertas tareas correspondían a la Confederación. Móstoles había mantenido una postura similar en 2020, argumentando que la limpieza del cauce era competencia de la Confederación y de la Comunidad de Madrid. Actualmente, la causa se encuentra en la fase de diligencias previas, la etapa inicial del proceso. Ser citado como investigado no implica culpabilidad, pero este marco temporal (2021-2023) es crucial para establecer responsabilidades.
La zona también es conocida por otro proyecto inconcluso: el tren Móstoles-Navalcarnero. Con una inversión de 162 millones de euros, las obras fueron abandonadas en 2010 y el tren nunca llegó a transportar pasajeros. El Ministerio de Transportes encargó un estudio de viabilidad por 619.266 euros, con un plazo de 24 meses. Este sería el primer proyecto de Cercanías con infraestructura nueva en Madrid desde 2011. Tanto el tren como el río simbolizan una historia de promesas incumplidas, múltiples administraciones involucradas y una población desatendida, que se siente tratada como ciudadanos de segunda.
