Un tribunal en Génova ha emitido el primer veredicto por el derrumbe del puente Morandi, ocurrido en agosto de 2018, que resultó en la muerte de 43 personas. Treinta y dos individuos han sido encontrados culpables por su rol en la administración y conservación de la estructura. El exconsejero delegado de la empresa concesionaria recibió la pena más severa, de 12 años de cárcel.
El Tribunal de Génova emitió su primera resolución este jueves en relación con el derrumbe del puente Morandi, acontecido el 14 de agosto de 2018. Treinta y dos personas fueron halladas culpables por su implicación en la gestión y el mantenimiento de la infraestructura, cuyo colapso causó la muerte de 43 individuos. El principal sentenciado es Giovanni Castellucci, quien fuera consejero delegado de la compañía concesionaria Autostrade per l’Italia (ASPI), y a quien se le impuso una condena de 12 años de prisión, según reportes de medios italianos.
Entre los castigados también se encuentran Michele Donferri, antiguo responsable de mantenimiento de ASPI, con una sentencia de 11 años de cárcel; Paolo Berti, exdirector de operaciones de la concesionaria, y Antonino Galata, exconsejero delegado de la empresa supervisora SPEA, ambos condenados a cinco años y seis meses de prisión. Asimismo, Mauro Coletta, quien fue director de vigilancia del Ministerio de Infraestructuras, recibió una pena de cinco años de cárcel.
El desplome del puente Morandi ocurrió mientras vehículos transitaban sobre la estructura, lo que resultó en la pérdida de 43 vidas, cuantiosos daños materiales y dejó a cientos de habitantes sin hogar. Castellucci no estuvo presente en la audiencia, ya que cumple otra condena de seis años de prisión por un accidente de autobús ocurrido en 2013 en el viaducto de Acqualonga, en la provincia de Avellino.
El proceso judicial se inició el 7 de julio de 2022 y se llevó a cabo a lo largo de 284 audiencias. La Fiscalía de Génova había solicitado penas que ascendían a casi 400 años de prisión para 56 acusados y la absolución de uno de ellos. Según la acusación, los responsables tenían conocimiento desde hacía años de los problemas estructurales del puente y de la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento, los cuales fueron pospuestos en repetidas ocasiones.
Los imputados enfrentaron cargos por homicidio múltiple, homicidio culposo, derrumbe culposo, incumplimiento de deberes oficiales, atentado contra la seguridad del transporte, falsedad documental y omisión dolosa de medidas de seguridad en el trabajo. En total, las condenas impuestas suman 200 años de prisión, según la prensa italiana.
La lectura de la sentencia fue presenciada por familiares de las víctimas, quienes estuvieron acompañados por la alcaldesa de Génova, Silvia Salis. En vísperas del fallo, Autostrade per l’Italia, cuya dirección fue renovada después de la tragedia, envió una carta de disculpa firmada por su actual consejero delegado, Arrigo Giana. Tanto la concesionaria como SPEA han desembolsado aproximadamente 60 millones de euros en compensaciones a los familiares de las víctimas.
