El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha afirmado categóricamente que su nación no volverá a celebrar comicios que posibiliten a la oposición alcanzar el gobierno. Esta declaración subraya la dirección autoritaria de su administración, particularmente después de las reformas constitucionales implementadas este año. Ortega acusó a los opositores exiliados de buscar el regreso al poder para enriquecerse, asegurando que tales intentos serán impedidos.
El líder nicaragüense, Daniel Ortega, sostuvo este domingo que el país no organizará más procesos electorales que permitan a la oposición obtener el control gubernamental. Esta afirmación refuerza la orientación autocrática de su régimen, tras las enmiendas constitucionales aprobadas durante el presente año. "Aquí no se repetirán votaciones para que ellos intenten apoderarse del Gobierno, hacerse con el poder", declaró Ortega en un evento masivo conmemorando el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, celebrado en Managua. El mandatario, de ochenta años, acusó a los adversarios políticos que permanecen fuera del país de querer retornar al poder para lucrarse, y aseguró que esos esfuerzos no prosperarán bajo su mandato.
Durante su intervención, Ortega anunció que impulsará nuevas normativas legales en colaboración con la Asamblea Nacional, dominada por el partido gobernante. El objetivo es evitar que aquellos a quienes calificó de "golpistas" y "vendepatrias" recuperen espacios políticos. "Trabajaremos con la Asamblea Nacional y con las entidades correspondientes en leyes que les pongan una barrera, un impedimento, a los golpistas, a los traidores a la patria, y por mucho dinero que les entreguen los norteamericanos, no podrán hacerlo", manifestó.
Las declaraciones del presidente se producen meses después de la entrada en vigor, en febrero de 2025, de una extensa reforma constitucional que reestructuró el Estado nicaragüense y extendió las facultades del Poder Ejecutivo. Entre los cambios, la reforma estableció la figura de la copresidencia, cargo que ahora ostenta Rosario Murillo, cónyuge de Ortega, quien previamente ejercía como vicepresidenta. Además, se amplió el periodo presidencial de cinco a seis años y se dispuso que el Ejecutivo coordine los demás órganos del Estado, eliminando el tradicional balance entre poderes. Las modificaciones también incluyeron disposiciones que han sido criticadas por organismos internacionales, como la legalización de la privación de la nacionalidad para ciertos ciudadanos.
La reforma constitucional fue censurada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo, el Gobierno de Estados Unidos y diversos grupos de la oposición, quienes consideran que consolida el control absoluto del oficialismo sobre las instituciones estatales. Nicaragua ha sido gobernada por Ortega desde 2007, en un contexto caracterizado por acusaciones de fraude electoral, persecución de opositores y restricciones a la participación política.
En enero de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos criticó el nombramiento de Rosario Murillo como copresidenta, argumentando que el cargo fue establecido "sin votaciones, sin mandato y sin legitimidad". Asimismo, acusó a Ortega y Murillo de negar a los nicaragüenses el derecho a elegir libremente a sus líderes y advirtió que el poder fundamentado en la represión y en reformas constitucionales "no representa la voluntad del pueblo". Aunque originalmente Nicaragua debía celebrar elecciones generales en 2026, la extensión del período presidencial establecida en la reforma constitucional pospone, en principio, esos comicios hasta 2027.
