El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, ha declarado que el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ha abandonado la senda democrática tras la eliminación de futuras elecciones generales. Ramdin enfatizó que esta decisión niega el derecho fundamental de los ciudadanos a elegir a sus líderes, y calificó la medida como un golpe a la democracia representativa. Esta postura ha generado una ola de condenas internacionales y llamados a aumentar la presión sobre el régimen nicaragüense.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, manifestó que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha renunciado a la democracia después de anunciar que Nicaragua no volverá a realizar elecciones generales. El funcionario sostuvo que la anulación de los procesos electorales significa la denegación del derecho inherente de los ciudadanos a seleccionar a sus gobernantes. Ramdin afirmó que los procesos electorales libres, justos y regulares constituyen un componente crucial de la democracia representativa y advirtió que su supresión no puede considerarse una determinación política discrecional. Asimismo, indicó que el deterioro democrático en una nación de la región tiene consecuencias para todo el continente, al debilitar la gobernabilidad y la estabilidad hemisférica.
Rechazo internacional
La declaración de la OEA se produjo luego de que Ortega anunciara que su actual período concluirá el próximo año sin convocar nuevos comicios, argumentando que los procesos electorales han sido utilizados para desestabilizar al país. El mandatario mantendrá el poder junto a la vicepresidenta Rosario Murillo, en una decisión que ha provocado fuertes críticas tanto dentro como fuera de Nicaragua. La medida también fue censurada por organizaciones opositoras en el exilio, que acusaron al Gobierno de cerrar la última vía democrática para una transformación política pacífica. Además, hicieron un llamado a la comunidad internacional para intensificar la presión diplomática y las sanciones contra el régimen nicaragüense. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) catalogó las afirmaciones de Ortega como incompatibles con los principios de la democracia representativa y afirmó que consolidan un régimen autoritario. El organismo reiteró que Nicaragua tiene la obligación de restablecer el pluralismo político, asegurar los derechos ciudadanos y llevar a cabo elecciones libres, periódicas y auténticas.
