El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha sido convocado por la Fiscalía para responder a interrogatorios relacionados con las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas hace tres décadas en Antioquia. Adicionalmente, deberá comparecer por el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo y asuntos vinculados a la hacienda Guacharacas. Estas investigaciones reabren un capítulo sobre su presunta conexión con grupos paramilitares durante su gestión como gobernador.
El exmandatario colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) comunicó que la Fiscalía lo ha citado para un proceso de indagación en el marco de las investigaciones que la entidad lleva adelante sobre los hechos violentos conocidos como las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas hace treinta años en la región de Antioquia, y atribuidas a grupos paramilitares.
“Mis abogados me informaron: ‘La Fiscalía Tercera nos acaba de notificar que lo convoca a indagatoria por el caso de El Aro y La Granja’”, escribió Uribe en su cuenta de X. El exgobernante añadió que también deberá presentarse para tratar el tema del asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, defensor de derechos humanos, ocurrido en Medellín en 1998, y sobre un asunto relacionado con la finca Guacharacas, propiedad de su familia, sin ofrecer más detalles al respecto.
La presunta relación de Álvaro Uribe con el paramilitarismo
La matanza de La Granja, perpetrada en 1996, resultó en la muerte de cuatro personas y el desplazamiento de decenas, mientras que un año después, la de El Aro dejó un saldo de quince víctimas mortales.
La Fiscalía General de la Nación ya había anunciado en 2015 que investigaría a Uribe por su posible implicación en la masacre de El Aro, debido a que diversos testigos declararon haber visto un helicóptero de la Gobernación de Antioquia realizando labores de vigilancia mientras los paramilitares ejecutaban el ataque, y en aquel período el político ejercía como gobernador del departamento.
Jesús María Valle, por su parte, fue un abogado dedicado a la defensa de los derechos humanos durante una de las épocas más cruentas de la violencia generada por el conflicto armado colombiano. Presidió el Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, a pesar de haber recibido múltiples amenazas de muerte.
