El estado de Nueva York ha promulgado una nueva ley que intensifica la supervisión del uso de plataformas digitales por parte de niños y adolescentes. Esta legislación, conocida como SAFE for Kids Act, busca mitigar la influencia de los algoritmos y las funciones digitales en la salud mental de los jóvenes, entrando en vigor en enero de 2027 y estableciendo nuevas obligaciones para las principales redes sociales en la gestión de contenidos y notificaciones para usuarios menores de edad.
Nueva York ha aprobado una nueva normativa que impone una supervisión más rigurosa sobre el empleo de redes sociales por parte de individuos menores de edad. Las disposiciones están orientadas a limitar la influencia de los sistemas algorítmicos y a disminuir el impacto de ciertas características digitales en la salud mental de niños y adolescentes. La legislación, denominada SAFE for Kids Act, será efectiva a partir del 25 de enero de 2027 y establece nuevas responsabilidades para las principales plataformas digitales, las cuales deberán modificar la manera en que presentan contenido personalizado y administran las alertas destinadas a usuarios jóvenes.
La normativa estipula que las redes sociales donde los menores dedican una parte considerable de su tiempo a consumir contenido mediante sistemas algorítmicos deberán obtener el consentimiento de los padres o tutores antes de activar dichas funcionalidades. Entre las plataformas afectadas por esta medida se encuentran servicios como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat y X, las cuales deberán adecuar sus sistemas para cumplir con los nuevos requerimientos. En caso de que los padres no autoricen el acceso a estas herramientas, los menores podrán seguir utilizando las plataformas, pero con ciertas restricciones: recibirán contenido en secuencia cronológica de las cuentas que ya siguen y no podrán recibir alertas entre la medianoche y las 6:00 de la mañana.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, defendió la iniciativa como una medida esencial para salvaguardar a los jóvenes de lo que describió como mecanismos digitales creados para mantenerlos conectados de forma ininterrumpida. La ley faculta a la fiscalía general para iniciar acciones legales contra las empresas que incumplan la regulación, estableciendo multas de hasta 5,000 dólares por cada infracción.
Uno de los aspectos más debatidos en torno a la ley es el sistema de verificación de edad y la obtención del consentimiento parental. Organizaciones que defienden los derechos digitales han alertado que estas medidas podrían resultar en una mayor recopilación de información personal de los usuarios y sus familias. Especialistas en políticas tecnológicas han planteado interrogantes sobre si los métodos empleados para verificar la edad podrían implicar la utilización de datos sensibles, incluyendo información biométrica, mientras que los defensores de la regulación argumentan que existen opciones técnicas para comprobar la edad sin exponer datos privados.
La industria tecnológica también ha manifestado sus preocupaciones respecto a la implementación de esta normativa. Organizaciones que representan a las empresas del sector han indicado que aún persisten incertidumbres sobre la aplicación práctica de algunos puntos de la ley, especialmente en lo referente a la privacidad y el cumplimiento técnico. Por otro lado, colectivos dedicados a la protección infantil consideran que Nueva York sienta un precedente al enfocarse en los "feeds" algorítmicos y las notificaciones nocturnas como elementos que pueden afectar el bienestar de los menores.
La regulación podría enfrentar impugnaciones legales antes de su entrada en vigor, debido a cuestionamientos relacionados con la libertad de expresión y los derechos digitales. No obstante, sus promotores creen que la medida podría convertirse en un referente para otros estados que buscan establecer mayores controles sobre el uso de redes sociales por parte de los menores. La implementación de la SAFE for Kids Act será observada de cerca por otras jurisdicciones en Estados Unidos, en medio del creciente debate sobre el equilibrio entre la protección infantil, la privacidad y el acceso a las plataformas digitales.
