Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ha cumplido 47 años en el poder de Guinea Ecuatorial, un periodo marcado por comicios sin competencia real, la persecución de oponentes, acusaciones de tortura y una profunda centralización del poder político y económico en torno a su familia. Su mandato comenzó tras un golpe de Estado en 1979, prometiendo un cambio, aunque la realidad ha sido una persistente dominación autoritaria.
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo celebra este 3 de agosto 47 años al frente de la nación de Guinea Ecuatorial, un lapso caracterizado por elecciones sin rivalidad efectiva, la persecución de adversarios políticos, señalamientos de maltrato físico y una consolidación del dominio político y financiero en manos de su linaje. Obiang asumió el control gubernamental el 3 de agosto de 1979, tras liderar un levantamiento armado contra su tío, Francisco Macías Nguema, quien fuera el primer presidente del país después de obtener su independencia de España. Macías fue juzgado y ejecutado el 29 de septiembre de ese mismo año, junto con otros seis individuos sentenciados. El golpe fue presentado como una ruptura con el régimen previo y se denominó “Golpe de la Libertad”.
No obstante, Obiang no era una figura ajena al sistema que derrocó. Había ocupado puestos militares y estuvo a cargo de la prisión de Black Beach, un centro penitenciario señalado por varias décadas por entidades globales debido a las torturas y los tratos inhumanos infligidos a los detenidos. Tras asumir la autoridad, prometió una transformación “radical”. En 1982, reemplazó formalmente el gobierno militar por uno de carácter civil y en 1986 fundó el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, PDGE, una organización que desde entonces ha controlado las principales estructuras del Estado.
“La junta militar y el poder ejecutivo después del golpe de Obiang indican una continuidad con el pasado”, explicó Ana Lúcia Sá, investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa.
Obiang ha vencido en todas las elecciones presidenciales celebradas durante su mandato con porcentajes superiores al 90 %. En los comicios de noviembre de 2022, obtuvo oficialmente cerca del 95 % de los sufragios, resultado que le permitió prolongar su permanencia en el poder. Freedom House sostiene que Guinea Ecuatorial realiza votaciones periódicas, pero estas no son libres ni justas y se desarrollan bajo un sistema autocrático sumamente represivo. Las fuerzas de oposición han denunciado por años irregularidades, intimidaciones y una carencia de garantías. En 1996, se permitió la participación de otras agrupaciones políticas, pero varias organizaciones se retiraron antes de la votación al considerar que no existían las condiciones adecuadas para competir. “Guinea Ecuatorial es y continúa siendo una dictadura, pero aparenta ser una democracia al celebrar elecciones con resultados inverosímiles que siempre otorgan la victoria a Obiang”, afirmó el historiador Omer Freixa.
El PDGE domina el Parlamento, las instituciones estatales y los gobiernos locales. La oposición cuenta con un margen de acción limitado, mientras que líderes políticos, activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos afrontan arrestos, restricciones y procesos judiciales. En 2023, las autoridades disolvieron el partido Ciudadanos por la Innovación y su líder, Gabriel Nsé Obiang, fue sentenciado a 29 años de prisión. Freedom House indica que el Gobierno detiene con frecuencia a dirigentes opositores, restringe las actividades de la sociedad civil y censura a los periodistas. Amnistía Internacional también ha documentado durante décadas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y persecución contra activistas políticos y defensores de los derechos humanos. En un informe publicado en 2024, la organización reiteró sus preocupaciones por el uso extendido de detenciones arbitrarias y torturas en el país.
Entre los casos denunciados se encuentra el del activista Joaquín Elo Ayeto, miembro de Convergencia para la Democracia Social, detenido en febrero de 2019. Según los testimonios recabados, fue golpeado y sometido a torturas para forzarlo a confesar una supuesta conspiración contra el presidente. También fue arrestado ese año Alfredo Okenve, vicepresidente del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo de Guinea Ecuatorial, después de que las autoridades le impidieran asistir a la ceremonia de entrega del Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos.
Aunque el Parlamento aprobó en 2006 una ley contra la tortura, organizaciones internacionales continuaron documentando prácticas abusivas dentro de comisarías y centros penitenciarios. Los informes describen golpes, descargas eléctricas, suspensión de detenidos y confesiones obtenidas bajo coacción. La represión también alcanzó a integrantes de la población bubi, originaria de la isla de Bioko. Tras ataques contra instalaciones militares en 1998, decenas de personas fueron detenidas y sometidas a torturas para obtener confesiones. Al menos seis fallecieron después de los abusos, según los casos recopilados por organizaciones defensoras de los derechos humanos. En febrero de 2015, durante la Copa Africana de Naciones, las fuerzas de seguridad detuvieron a alrededor de 300 jóvenes, incluyendo menores de edad. Los detenidos denunciaron golpes, hacinamiento y reclusión junto con adultos. Días después fueron liberados sin cargos.
La permanencia de Obiang también se ha caracterizado por el contraste entre la riqueza petrolera y las condiciones de vida de la población. El descubrimiento de grandes yacimientos de hidrocarburos durante la década de 1990 transformó al país en una economía de ingresos medianos altos y en uno de los principales productores de petróleo de África. Sin embargo, esa riqueza no se ha traducido en un bienestar generalizado. El Banco Mundial estimó que alrededor del 57 % de la población vivía en situación de pobreza en 2024. Los hidrocarburos representaban más del 80 % de los ingresos públicos y cerca del 46 % del producto interno bruto, pero generaban pocas oportunidades laborales para los ciudadanos. El organismo también señala que cerca de una tercera parte de los habitantes no dispone de acceso a agua por tubería y que los indicadores de educación y salud permanecen por debajo de los correspondientes a otros países con niveles de ingresos similares.
Parte de las acusaciones de corrupción se ha concentrado en Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido como “Teodorín”, hijo del presidente y actual vicepresidente del país. En 2014, el Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a un acuerdo para que entregara más de 30 millones de dólares en activos que, según las autoridades estadounidenses, habían sido adquiridos con recursos procedentes de corrupción. El expediente incluyó propiedades, vehículos de lujo y otros bienes. El organismo estadounidense sostuvo que, a pesar de recibir un salario oficial inferior a los 100,000 dólares anuales, Obiang Mangue utilizó su posición e influencia para acumular bienes valorados en cientos de millones de dólares mediante corrupción y lavado de activos.
La concentración de la riqueza y del poder dentro del círculo presidencial contrasta con las carencias sociales del país. Freedom House advierte que los recursos petroleros y la autoridad política permanecen principalmente en manos de la familia de Obiang. A pesar de las denuncias, el régimen mantiene relaciones con Estados Unidos, España, China y otras potencias interesadas en los recursos naturales y la posición estratégica del país. Obiang continúa gobernando sin una oposición con capacidad real para disputarle el poder. A 47 años del golpe que lo llevó a la Presidencia, Guinea Ecuatorial conserva instituciones electorales formales, pero permanece clasificada por organizaciones internacionales como un Estado autoritario donde las libertades políticas, la independencia judicial y la participación ciudadana enfrentan severas restricciones.
