Una nueva normativa en el Reino Unido exigirá que los baños, vestuarios y otros espacios públicos segregados por género se utilicen conforme al sexo biológico de las personas, no por su identidad de género. Esta medida, que entra en vigor próximamente, podría implicar costosas reformas en miles de instalaciones y surge tras una decisión judicial que redefinió el concepto legal de mujer.
En Londres, una reciente directriz modificará el acceso a miles de sitios públicos en el Reino Unido que están separados por género. Esta disposición llega aproximadamente un año y medio después de una sentencia crucial del Tribunal Supremo sobre la definición legal de sexo biológico. Con la implementación inminente de este "código de buenas prácticas", establecido por el ente regulador de igualdad británico, los sanitarios, áreas de cambio, habitaciones de hospitales o cualquier lugar dividido por género deberán ser utilizados según el sexo asignado al nacer, y no de acuerdo con la identidad de género de la persona.
Esto significa que alrededor de 13.000 sanitarios y más de 5.000 vestuarios en gimnasios, hospitales o centros recreativos de Inglaterra, Escocia y Gales, podrían requerir adecuaciones, con un gasto estimado de varias decenas de millones de libras. La implementación de la directriz se produce después de un dictamen del Tribunal Supremo de abril de 2025 –derivado de una demanda promovida por la organización For Women Scotland– que restringió la definición legal de mujer al sexo biológico, una resolución que generó amplias críticas y fue calificada de discriminatoria para las personas trans.
El código establece que los proveedores de servicios pueden impedir, si así lo deciden, que una persona trans utilice un espacio destinado a un solo género con el fin de "evitar incomodidad o angustia" a otros usuarios, o en caso de que otras personas se opongan a compartir dicho espacio basándose en la apariencia física del individuo. Posteriormente, indica que sería "muy improbable que resulte equitativo colocar a una persona trans en una situación en la que no exista un servicio que se le permita utilizar" e insta a los proveedores a garantizar una "alternativa adecuada" para dicha persona.
