Una investigación de The Associated Press ha desvelado que más de medio centenar de padres y cónyuges de personal militar estadounidense activo han sido detenidos desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. Esto ocurre a raíz de un endurecimiento en las normativas migratorias que tradicionalmente protegían a estas familias. La situación ha generado preocupación entre expertos y militares, quienes advierten sobre posibles impactos en la moral y el desempeño de las tropas.
Más de cincuenta padres y parejas de miembros del servicio activo en las fuerzas armadas de Estados Unidos han sido arrestados desde que el segundo periodo presidencial de Donald Trump comenzó. Esta situación se deriva de un endurecimiento en las directrices de inmigración aplicadas a los parientes de quienes forman parte del ejército, según una indagación de The Associated Press. La investigación identificó al menos cincuenta y un casos. Seis individuos fueron expulsados del país y ocho permanecen bajo custodia de las autoridades federales de inmigración. La cantidad real podría ser superior, ya que el gobierno de Estados Unidos no lleva un registro específico de estas aprehensiones.
Durante décadas, los familiares directos de militares gozaron generalmente de protección contra la expulsión, gracias a políticas apoyadas por administraciones tanto republicanas como demócratas. No obstante, una disposición implementada desde abril de 2025 estableció que el servicio militar de un pariente no exime a una persona de las repercusiones por infringir las leyes de inmigración.
La AP descubrió que padres y cónyuges han sido detenidos incluso mientras intentaban normalizar su situación a través de programas disponibles para las familias de militares, como el conocido permiso de permanencia temporal para militares, denominado en inglés como military parole-in-place. Este beneficio permite que ciertos padres, hijos y cónyuges de personal militar activo o veterano soliciten una situación legal sin abandonar los Estados Unidos. Sin embargo, su aprobación depende de una evaluación individual y no asegura automáticamente la permanencia en la nación.
Las detenciones han llevado a que algunos militares soliciten permisos, pospongan sus despliegues o asuman solos la crianza de sus hijos. Expertos en asuntos migratorios y militares advierten que esta coyuntura podría afectar la concentración, la preparación y el rendimiento de los soldados. “¿Cómo puedo concentrarme siquiera en mi carrera militar si tengo que preocuparme por cómo está mi esposa?”, expresó el sargento del Ejército Hedar Leonel Turcios Juárez. Su esposa fue arrestada en julio frente a un establecimiento Walmart, en presencia de la hija de seis años de la pareja, mientras Turcios Juárez se encontraba asignado en Fort Bliss, Texas.
Algunas detenciones generaron repudio público y motivaron la intervención del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para gestionar la liberación de parientes de militares. Mullin ocupa el cargo desde marzo de 2026. Para elaborar el recuento, la AP examinó miles de expedientes de tribunales federales recopilados por Habeas Dockets, un proyecto de la Immigration Justice Transparency Initiative. También revisó noticias periodísticas y verificó los casos con familiares y abogados.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó que no recopila estadísticas específicas sobre familiares de militares detenidos. La institución señaló que, entre los casos identificados, al menos siete personas habían sido expulsadas previamente, ocho tenían órdenes de deportación y dos contaban con condenas relacionadas con conducir bajo los efectos del alcohol o delitos de drogas. “El DHS y el ICE valoran las contribuciones de todos aquellos que han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, expresó el departamento. La entidad agregó que el servicio militar “no otorga automáticamente un estatus migratorio legal ni exime a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes migratorias de Estados Unidos”. El Pentágono declinó comentar los resultados de la investigación.
