El gobierno de Donald Trump busca una empresa privada para ubicar y cobrar multas migratorias a personas deportadas o que abandonaron voluntariamente Estados Unidos, específicamente en México, Guatemala y Honduras. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha emitido una convocatoria para encontrar una compañía capaz de gestionar estas deudas que ascienden a más de 400 millones de dólares. Este esfuerzo representa la primera vez que se buscará el cobro de estas sanciones fuera del territorio estadounidense.
La administración del presidente Donald Trump tiene la intención de contratar a una organización privada con el fin de localizar en México, Guatemala y Honduras a individuos que fueron deportados o salieron por decisión propia de Estados Unidos, y que aún poseen deudas relacionadas con multas migratorias.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha emitido una solicitud federal para una compañía que tenga la capacidad de encontrar a estas personas fuera de las fronteras estadounidenses, informarles sobre su obligación económica y organizar la recaudación de los fondos.
“El contratista seleccionado deberá ser una corporación registrada en Estados Unidos, con la capacidad de proporcionar servicios mejorados de localización de deudores en, como mínimo, México, Honduras y Guatemala”, detalla el documento.
Una vez que el individuo sea ubicado, la empresa tendrá que comunicarle la cantidad adeudada y facilitar el pago total de la multa, un arreglo para abonarla en cuotas o cualquier otra modalidad para saldar la deuda. El dinero podrá ser cubierto por el propio inmigrante o por un tercero.
La compañía también deberá certificar a las autoridades estadounidenses que ha encontrado a la persona correcta. Para ello, podrá recopilar evidencia como fotografías de su residencia, recibos de servicios básicos o registros laborales. Si el individuo ha fallecido, será necesario obtener un certificado de defunción.
CBP estima que aproximadamente 66,387 inmigrantes expulsados o que se marcharon voluntariamente de EE.UU. tienen multas civiles pendientes de pago. En total, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calculó en julio que existen alrededor de 423 millones de dólares en multas migratorias impagas.
El gobierno de Trump reactivó el año pasado la recaudación de multas civiles contra inmigrantes por diversas infracciones a la legislación migratoria, incluyendo el incumplimiento de una orden de expulsión.
La penalización diaria por no acatar una orden de este tipo se estableció inicialmente en 500 dólares por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) en 1996, y en la actualidad asciende a 998 dólares diarios tras los ajustes por inflación.
El Gobierno estadounidense ya emplea empresas privadas para la gestión de estas deudas, pero hasta la fecha estas operan únicamente desde el territorio de Estados Unidos.
CBP mantiene actualmente convenios con tres compañías privadas de cobro encargadas de recuperar multas y otros cargos impuestos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.
