El Gobierno argentino ha anunciado que los ciudadanos extranjeros sin residencia permanente en el país deberán abonar por la atención médica que no sea de emergencia en los hospitales públicos nacionales. Esta iniciativa, impulsada por la administración del presidente Javier Milei, busca mitigar lo que se ha denominado 'turismo de salud'. La medida, formalizada mediante una resolución, exceptúa únicamente las situaciones de urgencia o riesgo vital.
El Gobierno de Argentina ha comunicado que los individuos foráneos sin estatus de residente deberán sufragar los gastos de tratamientos médicos no prioritarios en los centros de salud públicos federales. Esta disposición forma parte de una estrategia promovida por la gestión del presidente Javier Milei, con el propósito de contener lo que se ha denominado “turismo médico”. La acción fue oficializada mediante un dictamen publicado en el Boletín Oficial, poniendo en vigor un decreto de 2025 que modificó la Ley de Migraciones. La regulación establece una excepción para situaciones de emergencia o que pongan en peligro la vida.
“La asistencia en casos de urgencia no tendrá costo ni deberá ser demorada por trámites burocráticos o administrativos”, explicó el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa este martes.
El Ministerio de Salud detalló que se proporcionará atención inmediata y gratuita a personas que presenten ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, lesiones graves, quemaduras extensas y urgencias obstétricas, pediátricas o neonatales, entre otras condiciones que comprometan la vida o el bienestar del paciente. Por el contrario, los extranjeros que no puedan demostrar su residencia permanente en Argentina y requieran consultas, exámenes o tratamientos no considerados urgentes, deberán contar con un seguro de salud o cubrir el monto total de los servicios antes de recibirlos.
El Gobierno justificó esta determinación como un medio para restringir los conocidos “viajes sanitarios”, una práctica que, según las autoridades, implica ingresar al país específicamente para utilizar sin costo el sistema de salud público y luego regresar al lugar de origen. Ravier aseguró que hay personas que “vienen al país, se atienden en un hospital público y regresan a su lugar de origen”, aunque durante su intervención no proporcionó cifras sobre los casos documentados.
Esta disposición solo afecta a los hospitales nacionales. Dada la organización federal de Argentina, el poder ejecutivo nacional únicamente puede establecer estas condiciones en los hospitales que se encuentran bajo su potestad. Las provincias mantienen la autonomía para decidir cómo gestionan sus propios sistemas de salud. Algunas regiones fronterizas, como Jujuy, Salta, Santa Cruz y Mendoza, ya aplican tarifas por ciertos servicios médicos a extranjeros sin residencia en el país.
La reforma migratoria también implementó requisitos más rigurosos para obtener la residencia y la ciudadanía, aceleró ciertos procedimientos de expulsión para extranjeros que cometan delitos y autorizó a las universidades nacionales a cobrar por sus programas educativos a estudiantes no residentes. Históricamente, tanto la sanidad como la educación pública han sido gratuitas en Argentina, por lo que estas modificaciones han generado críticas de los sectores de la oposición.
El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, cuestionó la medida y afirmó que los extranjeros no residentes representan una fracción mínima de la demanda sanitaria. Según Kreplak, “el 0,4 % de las atenciones de urgencia y el 0,5 % de las hospitalizaciones” en la provincia corresponden a extranjeros sin residencia. “El sistema de salud está sobrecargado por falta de recursos, no por extranjeros”, declaró el funcionario al portal Infobae.
